En ese sentido, Di Filippo recordó, mediante un comunicado al que tuvo acceso Diariojudicial.com, que días atrás la jueza en lo contencioso administrativo y tributario porteño Elena Liberatori dictó una medida cautelar por la cual suspendió “todo procedimiento de desalojo de personas en la traza de la ex AU3 dispuesto por el Poder Ejecutivo” y a su vez que “se abstenga de disponer o de llevar adelante cualquier procedimiento tendiente a dicho fin".
Según el comunicado, en autos "Di Filippo Facundo Martín contra GCBA y otros sobre amparo", la jueza recordó que “estamos ante la amenaza cierta a un derecho constitucional doblemente afectado por el proceder del GCBA”. “Por un lado, porque no se han tomado los recaudos acerca de donde habrían de ser trasladadas las personas a desalojar con sus pertenencias, y sin contemplar qué sucede con los niños. Por el otro, tampoco le es respetado a este conjunto de personas, su derecho a vivir a menos en donde están, aún en la situación de precariedad absoluta en la que se hallan, ya que nada se habría previsto ante la ejecución de una medida última como es el traslado frente a la extrema vulnerabilidad en la que viven”.
“Como se aprecia, el desalojo en todo caso, debería ser el último eslabón de una cadena de decisiones previas y dentro de un esquema global tendiente a una solución definitiva a tantos graves problemas cuyo eje es la falta de una vivienda digna”, resumió la jueza, según el fallo dado a conocer por el diputado Di Filippo.
Al ser consultado por Diariojudicial.com, el legislador del PRO Marcelo Meis señaló que las normas respecto a los desalojas está “regido por el Código Civil”, y por ello consideró que la decisión de la Legislatura del 4 de diciembre pasado en impedir los desalojos “roza lo inconstitucional”.
“La cuestión es si queremos resolver problemas de fondo o adoptar una solución que no resuelva nada, por ello se debe realizar una política a nivel nacional”, explicó Meis, quien a su vez aseguró que “muchas de esas problemáticas son causadas por gente que no es de la Capital Federal sino que vienen de distintas provincias del interior e incluso del exterior”.
Además, advirtió que “el caso de las usurpaciones en muchos casos es impulsado por políticos que manejan sectores de pobreza y que se benefician con eso”.
Con respecto a la decisión adoptada por Macri indicó que “el funcionario tiene la obligación de hacer cumplir el contrato que firmó y debe realizar desalojo porque sino estaría incumpliendo con su deber”.
La decisión de Macri fue dada a conocer ayer mediante declaraciones del Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, quien sostuvo que la decisión implica establecer un criterio “caso por caso” ante la problemática habitacional en la Ciudad.
"Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos", dijo Rodríguez Larreta, quien confirmó que los mismos se van a ir realizando de acuerdo a cada caso particular.