Por medio de este acuerdo se creó la Comisión Interinstitucional de Acercamiento de la Justicia Tradicional Indígena y la Justicia Ordinaria. También, contribuye a facilitar el acceso judicial a todos los grupos indígenas del país, salvaguardando los derechos humanos de los individuos.
En uno de sus puntos el proyecto incluye la figura del administrador judicial, quien será el encargado de informar al juez más cercano de las transgresiones o los delitos que se cometan en las comarcas y rebasen sus costumbres y tradiciones, para que aplique la Ley Ordinaria.
De la misma manera se llevará a cabo el “Plan de Acercamiento de la Justicia Tradicional Indígena y la Justicia Ordinaria”, en el cual, en un primer momento se delimitará materialmente las competencias de cada justicia.
El proyecto posee la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contempla entre sus puntos, la creación de Centros de Mediación y la publicación en idioma nativo de folletos cuyo titulo será el de “Justicia para Todos”.
Además cuenta con el apoyo de la Unión Europea, ya que forma parte del “Proyecto para el Fortalecimiento y Modernización Institucional del Organo Judicial de Panamá”.
En Panamá unos 300 mil indígenas ocupan el 20 % del territorio, representan cerca del 11% de la población total del país (3,1 millones de habitantes), y viven principalmente en cinco comarcas indígenas legalmente reconocidas, Kuna Yala, Madugandí, Wargandí, Ngöbe Buglé, y Emberá Wounaan.
En la Argentina, la situación en cuanto a legislación de los pueblos originarios es más inestable, en palabras de Eugenio Zaffaroni “lo que hay que hacer es una buena utilización de los recursos que dan la Constitución y el derecho internacional. Hay que profundizar el estudio de la práctica de este derecho. Lo que podemos hacer desde acá es generar un interés por la investigación en derecho indígena al efecto de que se perfeccione el uso de los recursos, así se facilita el acceso a la Justicia”.
Diariojudicial.com consultó a Luis Romero Wanami, integrante del equipo de Pueblos Originarios del Servicio, Paz y Justicia (Serpaj) – cuya coordinación general se encuentra a cargo del premio novel de la paz Adolfo Perez Esquivel-. Institución dedicada a la defensa de los derechos humanos, la promoción de formas pluralistas y solidarias de convivencia social, la difusión de valores de paz, de justicia y de violencia no activa.
Wanami dijo que en la Argentina “no existe algo similar, sólo en Neuquén los hermanos mapuches han logrado un registro de los nombres” y que en lo concerniente a lo judicial “se esta luchando por demandar traductores, que la justicia provea interpretes para que los puedan expresarse en su lengua”, facilitando el acceso a la justicia.
En otro orden de cosas marcó su preocupación por el retraso en la aplicación de la ley 26.160, donde “el Estado debe realizar un relevamiento territorial, durante el cual se congelan las expropiaciones de tierras”. El relevamiento no se esta realizando en los tiempos estipulados y la preocupación pasa porque, una vez terminado el lapso estipulado se comiencen con las ejecuciones de las expropiaciones de terrenos indígenas por parte de los terratenientes.