Sin embargo, el Poder Ejecutivo no pagó un centavo de esa deuda, que actualmente asciende a casi un millón de pesos, a la espera de un arreglo extrajudicial con los militares. La fuerza militar acudió a la Justicia por incumplimiento de un acuerdo firmado durante la gestión de Ramón Ortega, en 1993, por el que el Poder Ejecutivo se comprometía a construir 40 viviendas para militares, a cambio del predio, pero jamás se cumplió. Hace 97 días la Justicia dispuso el pago de diez mil pesos por cada día de demora del Poder Ejecutivo en retirarse el predio.
Después de esta resolución favorable, el Ejército planteó otra demanda judicial por daños y perjuicios, por considerar que la provincia le debía pagar un alquiler por el tiempo de ocupación indebida. En ese momento comenzó una batalla judicial. El Poder Ejecutivo, en mayo de 2000, dictó el decreto 815/1 por el cual reasumió la titularidad de los predios que había donado al Ejército en 1901.
De esta forma, la Provincia acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazando la demanda del Ejército y pidiendo que se haga lugar a la revocación de la donación, avalándose en que no se puede desalojar al dueño. De esta forma, para el Gobierno, el ex Regimiento 19 y los predios donde están asentados el Hospital Militar y el Liceo Militar le pertenecen.
Desde la Casa de Gobierno se sostiene que se está en condiciones de iniciar un juicio de desalojo en contra del Ejército, aunque todavía no se tomó ninguna desición a raíz de que es de su preferencia el acuerdo al margen de la justicia. "Se necesita un arreglo político", dijo el ministro de Gobierno, Antonio Guerrero, al ser consultado sobre el conflicto con el Ejército.
De seguir adelante la posibilidad de que las partes desistan de la vía judicial, el PE donaría al Ejército los terrenos del Hospital Militar y del Liceo -para lo que hace falta una ley- y recuperaría, sin costo alguno, el predio donde está asentada la Policía.