La ley establece “los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad” por lo que cada provincia debe realizar un “ordenamiento territorial de los bosques nativos”.
Ordenamiento que implica dividir el territorio a partir de sectores como diversos valores de conservación. Zonas rojas, de muy alto nivel de conservación que no deben transformarse; zonas amarillas, de mediano valor de conservación que pueden ser sometidos a usos como el aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica y las zonas verdes donde puede transformase parcialmente o en su totalidad.
Ante esto, Hernan Giardini, coordinador de campañas de Greenpeace habló con Diariojudicial.com acerca de la aplicación de la ley y dijo que “la mayorías de las provincias se encuentran avanzadas en este sentido, aunque hay un avance mucho menor en las provincias de Misiones, Santa Fe y Córdoba”.
No obstante, recalcó su preocupación por la no reglamentación de la ley por parte del Ejecutivo Nacional ya que, en tanto y en cuanto “la ley permite tener una política provincial a partir de los recursos, la falta de reglamentación de la ley implica que no entren en vigencia los fondos”, lo que no hace más que “debilitar la aplicación de la norma”.
El último 7 de enero Greenpeace junto con las Fundaciones Vida Silvestre y Ambiente y Recursos Naturales le dirigieron una carta a la presidenta, Cristina Kirchner, en la que le solicitan la reglamentación de la ley, ya que, como lo dice el texto de la solicitud, “Si carecemos de un decreto reglamentario que torne efectivas estas previsiones legales, la discusión dada oportunamente en torno a la ley y el propio mandato de los legisladores está siendo ignorado, como así también los esfuerzos realizados por las provincias en la definición del ordenamiento”.
Ante este estado de situación Giardini expresó que “estamos evaluando recurrir a la justicia ya que la nación esta incumpliendo con su deber. Más exactamente el poder ejecutivo” y agregó que según sus informaciones el borrador de la reglamentación se encuentra en el Ministerio de Economía.
Cabe destacar la acentuación que se hace del hecho de la falta de reglamentación, pues “esta demora y el hecho que se dilate en discusiones, que se licue hace que la ley ya no se cumpla” expresó Giardini.
Sin embargo, en otro orden de cosas el coordinador de campañas de Greenpeace destacó la importancia de los fallos que a fines del 2008 la Corte Suprema realizó en causas en las que se paralizaron los desmontes en Salta. Ya que estas decisiones muestran que “desde el Máximo Tribunal hay un aviso de que no se puede hacer cualquier cosa” y “además en su fallo se baso en cuestiones importantes como la irreversibilidad del proceso y que afecta directamente a los indígenas dándole importancia al principio precautorio”.
La falta de reglamentación no es cosa nueva
Según un informe del senador Cabanchik en la Argentina hay por lo menos cincuenta leyes que desde 1983 no se encuentran reglamentadas, muchas de las cuales abarcan problemas la protección al medio ambiente.
Entre las cuales se pueden destacar, sumando a la falta de reglamentación de la ley de Bosques, a leyes como, la que dispone la gestión y eliminación del PCB, producto químico altamente tóxico, y las normas que regulan la gestión de residuos industriales y domiciliarios, de aguas y el libre acceso a la información pública ambiental.