En concordancia con esto, el gobierno como primera medida según el decreto 2226 dispuso la posibilidad de ser querellante en causas por delitos de lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Como lo indica el decreto, “en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la ley Nº25.246 y modificatorias, en aquellos casos que así lo ameriten”.
Por otro lado, para cumplir con los organismos internacionales, instruyó las dependencias nacionales vinculadas con la materia para que brinden información acerca de las metas y los objetivos del Poder Ejecutivo establecidos según decreto 1225/08. Objetivos fijados por la Agencia Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Siguiendo con esta línea, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), busca mediante acciones captar a los dueños de cajas de seguridad para que se adhieran al blanqueo de fondos pregonado desde el gobierno y hecho ley a fines del año pasado.
Es por ello que planea enviar a los dueños de cajas de seguridad “cartas” en las que se los invita a incorporarse al régimen y declarar sus capitales. Descartando así la idea judicial, en la que se pretende abrir las cajas de seguridad.
El problema de la cuestión radicaría en que si las personas dueñas de las cajas decidieran no declarar nada y, recordando que desde el organismo estatal se plantea que en las cajas de seguridad hay “dinero negro”, tendría que realizar acciones legales para poder abrir las cajas de seguridad.
Para el abogado constitucionalista Felix Loñ, una caja de seguridad, al ser “una prolongación de nuestro domicilio” y en tanto que “la constitución nacional dice que textualmente que el domicilio es inviolable, como la correspondencia y los papeles privados, sólo podrá accederse a ella por disposición judicial y ante una orden judicial”.
Si la AFIP pretendiera abrir las cajas de seguridad, se encontraría en la misma situación en la que estuvo años atrás el titular de Arba (Agencia de Recaudación de Buenos Aires), Santiago Montoya. Quien hacia 2005 mediante demanda judicial logró abrir varias cajas de seguridad pertenecientes a morosos de la provincia de Buenos Aires. Aunque esto lo logró luego de un proceso judicial que en su momento duró seis meses. Tiempo que trascurrió entre el anuncio de que se iban a allanar las cajas de seguridad de morosos, y el momento en el que efectivamente se abrieron.
Incluso en el plan antievasión que Montoya relanzó entre Octubre y Diciembre del 2008 también contempló la posibilidad de intervenir cajas de seguridad de morosos y aplicar embargos sobre cuentas bancarias, siempre en casos de deudas en juicio, según expresaron fuentes de Arba
Cabe destacar que la AFIP en el último año realizó unas 1047 denuncias penales por evasión fiscal o previsional por un monto de $ 899.389.710, según dice un informe del propio organismo.