La Corte Suprema expondrá la agenda de actividades prevista para este año el próximo 17 de febrero. El presidente del Alto Tribunal, Ricardo Lorenzetti, será el encargado de realizar la apertura del “año judicial”, en el Salón de Audiencias del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Según se informó, al acto asistirán autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo, jueces de distintos fueros y funcionarios judiciales, entre otros. Entre los temas que se prevé que la Corte se pronunciará está el de la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, sobre si corresponde o no otorgar las excarcelaciones a ex militares acusados de violación a los derechos humanos, y en lo inmediato llevará a cabo una audiencia pública para debatir sobre el problema de la tala indiscriminada de bosques en Salta.
Dos presidentes en pugna
El presidente de la Cámara Federal, Eduardo Freiler, y el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, se trenzaron en una agria disputa en torno al rol del Poder Judicial en referencia a las causas por crímenes de lesa humanidad. Freiler, había afirmado en declaraciones radiales que algunos jueces «no van a fondo» en las causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último Gobierno militar. Recondo adelantó que presentará el caso ante la mesa directiva de la Asociación y, en caso de definir medidas, se llevará el planteo al Consejo Directivo, que se reunirá el próximo 16 de febrero. «No se puede tender un manto de sospecha sobre todos los jueces. Freiler involucró a todo el mundo, cuando su obligación como miembro del Poder Judicial y de esta asociación es denunciar a quienes no se están desempeñando como corresponde», contraatacó Recondo. En el orden interno la Asociación de Magistrados divide su representatividad casi en dos mitades. Por un lado el oficialismo representado por Recondo, de una posición de cuasi enfrentamiento con el Poder Ejecutivo. Y por el otro lado, la Lista Celeste, segunda minoría, de cuyas filas emergió el hoy presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos. Si bien el tratamiento de los dichos de Freiler motivó la convocatoria del Tribunal de Ética de la AFMJN, a pesar de que la cuestión se debate en un terreno propicio para el oficialismo, todavía no está dicha la última palabra con respecto a si sus dichos merecen una sanción de tal gravedad que lo excluya de la Asociación.
La Justicia investigará el robo a una caja de seguridad del Banco Nación
La Justicia Civil y Comercial Federal investigará una denuncia por el presunto robo de dinero de una caja de seguridad del Banco Nación. La demanda es por daños y perjuicios y fue efectuada por una clienta de la entidad. La denuncia será investiga por el juez Luis María Márquez en una causa que le asignó la Sala I de la Cámara del fuero. Los camaristas Martín Farrell, María Susana Najurieta y Francisco de las Carreras sostuvieron que “la controversia está regida por normas de derecho común, ajenas -como principio- a las que regulan la actividad mercantil, que es de competencia específica del fuero comercial”. La demanda se conoce luego que este lunes la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispusiera que las cajas de seguridad sólo podrán ser abiertas con la orden de un juez.
Le aceptaron la renuncia
Según el decreto 56/2009 publicado este martes en el Boletín Oficial, se aceptó la renuncia al Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Rosario (Fiscalía Nº1) Ricardo Moisés Vazquez. El fiscal cesó de actividades a partir del 28 de octubre del año pasado. La renuncia fue aceptada por el Procurador General y ratificada con el decreto que lleva la firma de la Presidente Cristina Fernández de Kirchner y del Ministro de Justicia Aníbal Fernández.
Los ejecutivos del buscador más famoso podrían merecer hasta tres años de cárcel
Cuatro directivos de Google Italia son los imputados en el juicio que comenzó hoy a causa de un vídeo colgado en 2006 en dicho buscador, en el que se ve a unos adolescentes golpeando a un chico con síndrome de Down. Los cuatro funcionarios que enfrentan la acusación de delitos de difamación y violación de la intimidad son David Carl Drummond y George De los Reyes (ambos miembros del Consejo de Administración de Google Italia), el responsable de Privacidad para Europa del grupo, Peter Fleitcher; y Arvind Desikan, quien se ocupa del proyecto Google Video para Europa. Para Alfredo Robledo y Francesco Caiani, fiscales del caso, los cuatro imputados “tenían el deber jurídico de impedir que se colgase el vídeo” y debieron “informar a los usuarios sobre la ley de la intimidad” vigente en Italia. Los acusados podrían merecer una condena de hasta tres años de prisión. Las imágenes (colgadas en el servicio Google Vídeo en 2006 y grabadas con un teléfono celular en un instituto de la ciudad italiana de Turín) mostraban a cuatro adolescentes que se reían, insultaban y golpeaban a un chico con síndrome de Down. Como la compañía recibió quejas sobre los videos los días 6 y 7 de noviembre de 2006, los eliminó. Según Google Italia, llevar estos casos a los tribunales es una equivocación porque sería responsabilizar a los portales por el contenido creado y publicado por los usuarios. Tras la primera audiencia efectuada hoy, el proceso se retomará el próximo 19 de febrero y el juez decidirá si acepta que el Ayuntamiento de Milán y la asociación que se ocupa de la investigación científica y tutela de las personas con síndrome de Down, “Vividown” se presenten como parte civil en el juicio.