“La iniciativa tiende a que funcionemos como válvula de escape para los delitos de baja criminalidad, una alternativa a los conflictos penales que no afectan bienes jurídicos preponderantes como la vida”, resumió el fiscal en lo Correccional y de Menores N° 2, Alejandro Chain.
Desde el 1 de diciembre del año pasado los dos juzgados correccionales de la Capital de Corrientes investigan los delitos conocidos como de baja criminalidad que eran competencia de la Justicia de instrucción. La medida la tomó el Superior Tribunal de Justicia (STJ) luego de una reunión con los jueces de instrucción que reclamaron medidas ante el cúmulo de causas.
Los seis magistrados de instrucción dieron cuenta que en un turno 15 días ingresan a cada juzgado cerca de entre 800 y mil causas nuevas, lo que hace un total de entre 9.600 y 12 mil expedientes por mes. Así el STJ optó por “descomprimir el recargo de tareas que pesa sobre los Juzgados de Instrucción” para que tengan “mayor capacidad operativa para atender los delitos más graves”.
De esta manera, los dos juzgados correccionales comenzaron a investigar delitos como hurto simple y daño, lesiones leves, dolosas y graves, lesiones, abuso de armas, disparo de armas de fuego, agresión con toda arma, abuso sexual simple, exhibiciones obscenas, contra la libertad.
Para el fiscal Chain el cambio de competencia significó “la flexibilización de la justicia penal” mediante la cual se llegó a una celeridad en la resolución de causas. El representante del Ministerio Público puso como ejemplo el desalojo de una vivienda: “En menos de 48 horas mediante una medida cautelar anticipada promovida por la Fiscalía y a la que el juez Cochia hizo lugar, se procedió a desalojar a la autora de la usurpación y se restituyó la vivienda”.
Chain señaló que una primera aproximación la cantidad de causas en los juzgados de instrucción se redujeron entre un 40 y 60 por ciento desde la entrada en vigencia del traspaso de competencias.
Por otra parte, el 90 por ciento de nuevos delitos que investigan los juzgados correccionales son por lesiones leves y lesiones culposas producidas por accidentes de ciclomotores y en segundo lugar se encuentran las lesiones leves, producto de disputas familiares o con vecinos, y amenazas.
Para la jueza correccional Gabriela Aromí de Somer el traspaso de competencias es “sólo un pequeño aporte de quienes desde hace mucho tiempo queremos lograr la reforma del sistema penal”. Y apuntó sus críticas contra el Poder Legislativo: “Y aunque el STJ impulsa esas modificaciones los legisladores no nos escuchan y quedamos atrapados en disputas políticas, y la Justicia paga los platos rotos. Sólo habrá respuestas cuando se produzca una reforma integral”.
La magistrada también expuso dificultades en la relación con la Policía. Aromí de Somer explicó hay inconvenientes en los casos donde el delito no aparece claramente definido por lo que se elaboró un protocolo de actuación policial en el que se indican los delitos que son de competencia correccional.