El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, dijo este miércoles que cada tribunal tiene competencia para establecer como le da difusión y permite el ingreso de la prensa a cada juicio, luego de la polémica que se generó este martes en el inicio del proceso contra el represor Jorge Olivera Rovere que no se permitió fotografiar al imputado y se limitó el ingreso a dos medios. “Los casos deben tener difusión y el rostro del imputado no es un problema. Lo que no hay que hacer es estigmatizar a una persona que esta sometida a proceso porque es inocente hasta tanto se lo declare culpable”, dijo Lorenzetti tras la firma de un convenio con la ANSES. El titular del Máximo Tribunal que cada tribunal “tiene que equilibrar la difusión con lo que denominamos el respeto de las reglas del debido proceso, es decir que el juicio no sea tampoco una telenovela”. Lorenzetti recordó que el año pasado la Corte Suprema dictó una acordada en la que estableció que los “juicios que se llevan a cabo son públicos y es muy importante que la gente conozca lo que sucede en un juicio, sena penales o no”, explicó. En ese marco, estableció que “el tribunal tiene facultades de establecer el cómo se ejecuta la acordada”.
Se negó a declarar
El ex subjefe del primer cuerpo de Ejército, Jorge Olivera Róvere, se negó a declarar ante el Tribunal Oral Federal número 5 en la segunda jornada del juicio en el que está acusado por 120 secuestros y 4 homicidios. Por otra parte el TOF 5, integrado por Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Farías mreviendo un criterio de ayer, autorizó finalmente a un fotógrafo de la agencia oficial Télam a tomar imágenes del imputado. La consejera Diana Conti, presentó un proyecto de declaración donde expresa su rechazo a las resoluciones tribunal que no permitió la publicidad de los juicios por delitos de lesa humanidad. Según Conti "estas actitudes comprometen la libertad de expresión y el derecho a la información, restringiendo el acceso de la ciudadanía a material audiovisual de alto valor histórico".
La causa de la efedrina a juicio
El juez federal de Campana, Federico Faggionato Márquez, elevó a juicio oral y público la una parte del expediente por la llamada "ruta de la efedrina", en la cual se investiga la elaboración y tráfico de drogas sintéticas. Así lo hizo el magistrado luego que el fiscal federal Jorge Bosca resolviera el cierre de una parte del voluminoso expediente. Por el momento, en la causa ya hay más de una veintena de procesados, y unos 23 prófugos. Los principales acusados son el presunto líder de una red de narcos mexicanos que habría sido el encargado de instalar la producción de drogas en una quinta de Ingeniero Maschwitz, Jesús Martínez Espinosa, y el ex director de Desarrollo Industrial de la Municipalidad de General Rodríguez, Manuel Poggi.
Se evitaría que prospere la demanda del grupo Marsans frente al CIADI
Aunque lo desmienten desde el gobierno, se habría logrado un acuerdo con la empresa española Marsans por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. El acuerdo incluiría que el Estado Argentino se haga cargo de la compra de parte de los aviones que Marsans había encargado a la empresa Airbus. De confirmarse y una vez realizada la transferencia, los españoles levantarían la demanda interpuesta frente al CIADI. La Argentina pagaría los aviones a través de la sucursal en Nueva York del Banco Nación. Unos 400 millones de dólares por adelantado a la constructora Airbus por las aeronaves que vendrán para Aerolíneas Argentinas y Austral. Ese pago activa la compra y libera a Marsans de la seña que pagó a Airbus cuando hace tres años firmó el contrato para la adquisición de 61 aviones, algunos de los cuales ya estaban destinados a las dos aerolíneas.
Rueda de reconocimiento
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia a cargo de Eva Parcio de Solemme efectuará, este jueves y viernes en el Edificio "Centinela" de la Gendarmería Nacional, medidas de prueba para la causa en la que investiga la aplicación de torturas a soldados correntinos que combatieron en la Guerra de las Malvinas en 1982. Esta investigación es una de las dos que se llevan adelante por aplicación de tormentos a ex combatientes. La otra causa la lleva el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego. Las dos causas fueron iniciadas hace dos años atrás por el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes, Pablo Vassel. En la rueda de reconocimiento que se llevará a cabo esta semana el juzgado intentará constatar si el sargento primero Álvarez estaqueó a un soldado de la III Brigada de Curuzú Cuatiá.