Ahora es una diputada nacional la que busca que la “Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos” cumpla con el paso definitivo para que pueda funcionar plenamente. Así, mediante un proyecto de resolución, la legisladoraLaura Sesma solicitó en carácter “urgente” la reglamentación”
El proyecto de presentado puntualiza en la importancia de la reglamentación de la ley debido a que “el desmonte indiscriminado produce un caos ambiental con consecuencias palpables, del que no escapan ni siquiera áreas protegidas como las reservas de biosferas, reconocidas como tales por la UNESCO y concebidas como una manera de conciliar la protección de los recursos naturales con las necesidades de la comunidad, compatibilizando producción y medio ambiente.”
Hay voces que se alzan diciendo que esta falta de reglamentación puede ser uno de los contribuyentes a la situación que hoy se vive en Tartagal. Desde el 2004 a la fecha se han desforestado un millón de hectáreas, por lo que la tasa de deforestación de la Argentina es seis veces más alta que el promedio mundial.
El Coordinador de Campañas de Greenpeace, Hernán Giardini, en diálogo con Diariojudicial.com advirtió sobre la falta de reglamentación ya que “la ley permite tener una política provincial a partir de los recursos, la falta de reglamentación de la ley implica que no entren en vigencia los fondos” y agregó que “la no reglamentación de la ley permite que no haya mayores controles”.
Aunque le otorgó una responsabilidad muy importante al ex gobernador de la provincia Juan Carlos Romero que otorgo permisos para desmontes de manera “especulativa” antes que se sancionara la ley. Por lo que, para Giardini, “no resolver políticamente este tipo de cuestiones contribuyen con este desastre”.
El jueves pasado, unas 60 organizaciones suscribieron a una carta enviada al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni y al Presidente del Consejo Federal del Medio Ambiente, Julio Nasser, “con el propósito de contribuir al proceso de reglamentación de la Ley Nacional 26.331”.
En ella dice que “consideramos que la ausencia del decreto reglamentario atenta contra los esfuerzos realizados por las provincias en la definición del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, así como vulnera el mandato de los legisladores y la voluntad de una gran parte de la sociedad argentina que, con la firma de cerca de un millón y medio de personas, acompañó la sanción de la norma”.
Según versiones, en los próximos días, como consecuencia del desastre producido en Tartagal podría reglamentarse la norma. Desde Greenpeace se dijo que “hasta julio participamos de un proceso consultivo pero ahora desconocen el texto que podría presentarse”.
Qué dice la ley
La ley 26.331 establece “los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad” por lo que cada provincia debe realizar un “ordenamiento territorial de los bosques nativos”.
El ordenamiento implica dividir el territorio a partir de sectores como diversos valores de conservación. Las zonas rojas, de muy alto nivel de conservación que no deben transformarse; las zonas amarillas, de mediano valor de conservación que pueden ser sometidos a usos como el aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica y las zonas verdes donde puede transformase parcialmente o en su totalidad.