La máxima instancia judicial de Francia admitió el papel de ese país en la deportación de judíos a campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Se trata del primer reconocimiento legal del rol de Francia en el Holocausto. En un fallo histórico el Consejo de Estado dijo que el gobierno francés de entonces "permitió o facilitó la deportación de Francia de víctimas de persecución antisemita". El gobierno francés colaboracionista de Vichy ayudó a deportar a unas 76.000 personas, entre ellas 11.000 niños, de partes de Francia ocupadas por Alemania a campos de concentración nazi. Menos de 3.000 de estos deportados pudieron regresar con vida. El fallo formalizó legalmente un gesto histórico realizado en 1995 por el entonces presidente Jacques Chirac, el primer gobernante francés en decir que su país era responsable de la deportación de judíos. A partir del reconocimiento de Chirac los deportados y sus familias obtuvieron pensiones estatales y otras compensaciones por sus padecimientos, por un valor de unos 500 millones de euros, sin embargo, en este fallo del Consejo de Estado, si bien se reconoce judicialmente la culpa del Estado francés se desaconsejan más reparaciones para los deportados o sus parientes.
Aníbal Fernández asistirá a la apertura del Año Judicial
Este martes 17 se realizará el acto de apertura del “Año judicial” con la presencia del Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez y del Procurador General de la Nación, Esteban Righi, entre otras autoridades. Durante el acto el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti presentará las actividades relevantes proyectadas para el 2009. Además asistirá al acto el Procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino; la secretaria de Justicia, Marcela Losardo; el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Luis Cigogna y demás funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como referentes académicos y de asociaciones vinculadas al ámbito jurídico.
Cristina denunciada
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue denunciada penalmente hoy a raíz de los decretos que firmó para autorizar las subas en las tarifas del servicio de Gas. La denuncia, realizada por el abogado José Magioncalda, recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, el mismo juez que investiga al ex presidente Néstor Kirchner por el presunto delito de “asociación ilícita”. “El nuevo cargo tarifario que se crea por decreto constituye, en realidad, un tributo ilícito”, según señaló el letrado en la presentación, quien calificó que fue “violatorio” de lo establecido por la Constitución Nacional.
Confirman sobreseimiento
La Sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el sobreseimiento de la ex titular de Entel María Julia Alsogaray, por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. La causa se inició en julio de 2001, a raíz de una denuncia para investigar un pedido de recomposición contractual por los servicios de limpieza prestados por la empresa Linser SA durante el período comprendido entre marzo y julio de 1989 en virtud del alto índice inflacionario registrado en el país. María Julia dispuso reconocer la deuda y mediante la resolución n° 110/94 que sea abonada en Bonos de Consolidación. Además de Alsogaray, también fueron sobreseídas otras seis personas.
Ideas jurídicas para acelerar las causas
Los organismos de derechos humanos planean entregarle el próximo miércoles a la presidenta Cristina Fernández una propuesta para acelerar las causas judiciales que se siguen por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, precisó que presentarán "una propuesta con ideas jurídicas para que esta situación de demora se revierta". Carlotto explicó que se vienen realizando reuniones permanentes entre los distintos organismos para que "se dicten instrumentos legales desde el Parlamento para que los jueces obren en consecuencia, con un criterio claro y no que se hagan propuestas que después entorpezcan". Según la titular de Abuelas, "hubo leyes que se aprobaron el año pasado pero los jueces no las tuvieron en cuenta", se quejó y expresó su deseo de que este nuevo proyecto "modere esta lentitud, y que quienes tienen la responsabilidad de juzgar y no cumplan puedan, a su vez, ser juzgados en un juicio político".
Sobreseyeron al superintendente de Servicios de Salud en una causa por defraudación
El juez federal Ariel Lijo sobreseyó al superintendente de Servicios de Salud, Juan Rinaldi, en una causa en la que estaba imputado por presunta defraudación. Rinaldi, quien asumió el cargo en noviembre pasado, fue denunciado por su actuación en su anterior cargo como titular de la Administración de Programas Especiales por el otorgamiento de subsidios para afiliados de obras sociales para hacer frente a enfermedades que no habrían sufrido. El magistrado entendió que “fue inducido a engaño” y lo desvinculó de la causa. Pero el fiscal federal Federico Delgado apeló la resolución a la Cámara Federal.