Mucho se habló acerca de que la reglamentación de la ley estuvo condicionada por los hechos sucedidos en Tartagal, aunque para Hernán Giardini, Coordinador de Campañas de Greenpeace, “La reglamentación sólo fue posible gracias a los miles de correos electrónicos y llamadas telefónicas que personas de todo el país realizaron a la Casa Rosada, tal como sucedió hace más de un año cuando se juntaron cerca de un millón y medio de firmas para que el Congreso Nacional la sancionara. Sin dudas, ésta es una victoria de la gente” analizó.
La ley 26.331 establece “los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, la conservación, el aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que brindan a la sociedad”.
En este sentido, la reglamentación especifica que “quedan comprendidos en el concepto de bosque nativo, aquellos ecosistemas forestales naturales en distinto estado de desarrollo. Los palmares también se consideran bosques nativos”. Además, en cumplimiento de la excepción que plantea la ley (aprovechamiento territorial menor a 10 hectáreas), las comunidades indígenas que acrediten “fehacientemente la posesión actual, tradicional y pública de la tierra, en el marco de la Ley Nº 26.160 y su normativa complementaria” quedan exceptuados de la ley.
Con respecto al financiamiento del Ordenamiento Territorial, se analizará el avance de los procesos de ordenamiento “a fin de brindar asistencia técnica y financiera” (que también incluye a las comunidades indígenas). Lo que deberá actualizarse cada 5 años a partir de la aprobación del reglamento.
También, se crea “Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos”, teniendo a la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable como su unidad ejecutora. Donde en las categorías I y II (las de mayor conservación) sólo podrán realizarse, previa evolución del impacto ambiental, “obras públicas, de interés público o de infraestructura tales como la construcción de vías de transporte, la instalación de líneas de comunicación, de energía eléctrica, de ductos, de infraestructura de prevención y control de incendios o la realización de fajas cortafuego, mediante acto debidamente fundado por parte de la autoridad local competente”.
En cuanto a las sanciones, la reglamentación prevé que “la realización de acciones que violen el Ordenamiento de Bosques Nativos aprobado por la jurisdicción; la realización de desmontes, aprovechamientos o cualquier otra de las actividades sometidas a permiso, sin mediar la correspondiente autorización; la realización de acciones u omisiones contrarias a los Planes de Aprovechamiento del Cambio de Uso del Suelo, a los Planes de Aprovechamiento Sostenible y a los Planes de Conservación”, entre otras son consideradas infracciones a la ley.
Además, “los trabajos de recuperación y restauración en los bosques nativos que hayan sido degradados por incendios o por otros eventos naturales o antrópicos motivados por causas imputables a su titular, podrán ser ejecutados por el Estado Nacional o Provincial según corresponda, con cargo al titular y/o responsable del siniestro o directamente por éstos con la supervisión de la autoridad competente”. En estos casos siempre se mantendrá la categoría de conservación del bosque que fuese definido durante el ordenamiento.
Cabe destacar que según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Argentina perdió el 70% de los bosques nativos originales. En los últimos años se deforestaron más de 2.500.000 hectáreas.
“Es muy importante que la presidenta haya reconocido que el avance de la frontera agrícola está acabando con los últimos bosques nativos. Ahora que la Ley de Bosques está reglamentada, será fundamental que las provincias la apliquen correctamente para superar la emergencia forestal en la que nos encontramos” culminó Giardini.
Interpelación Parlamentaria a Massa y Bibiloni
La diputada Susana García presentó en el Congreso un pedido de interpelación parlamentaria, mediante el cual pretende que Sergio Massa, jefe de Gabinete, y Horacio Bibiloni, Subsecretario de Medio Ambiente, den explicaciones acerca de los vínculos entre el desmonte y el alud ocurrido en Tartagal.
“El Gobierno es cínico, miente y no le importa nada la situación de los más desprotegidos, porque cuando hablamos de la protección del ambiente y de los recursos naturales también estamos hablando de un modelo de país”, señaló a través de un comunicado la diputada de la Coalición Cívica.