El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, denunció "denegación de justicia" y pidió que la Corte Suprema intervenga ante la falta de confirmación de una sentencia en la que se acordaba la movilidad otorgada en el llamado "caso Badaro" para todos los jubilados nacionales. El ombudsman reclamó una respuesta en un "proceso sumarísimo" para que quede firme la sentencia del juez federal de la Seguridad Social Alberto Ize, porque "el trámite de este proceso es sensible a un número extraordinario de jubilados y no se puede admitir la demora en su resolución". Mondino explicó que actúa "en defensa de casi 1.200.000 cuya edad, en su mayoría, está entre los 80 y 90 años, y que están domiciliadas lejos de los lugares donde se asientan los tribunales, con salud precaria, faltos de recursos o de ayuda".Esta gente no puede iniciar su demanda en forma individual, por eso el pasado 11 de noviembre el Defensor del PUeblo le pidió a la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social que se expidiera sobre este tema. Ante la falta de respuesta ahora lo hizo nuevamente, denunciando "denegación de justicia" y reclamando "que se adopten medidas para encarrilar el trámite".
La semana próxima se deberá defender el blanqueo frente al GAFI
El Gobierno Nacional deberá explicar la ley que permite el blanqueo de capitales y la moratoria la semana próxima frente al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Será en Francia donde la delegación argentina encabezada por el Ministro de Justicia, Aníbal Fernández, y la titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Rosa Falduto, deberá explicar los beneficios del la ley y los recaudos que posee el gobierno para cumplir con las leyes de lavado y terrorismo. El GAFI es el organismo que controla el cumplimiento de las leyes de lavado y terrorismo, son clave en términos de reputación para los organismos de crédito internacional. No obstante desde el Gobierno se explicó que “están dados todos los recaudos para que no haya operaciones ilegales por los controles que hará el Banco Central, la UIF y la propia AFIP, aunque no pregunte el origen de los fondos". Además, destacarán que "hay una decena de países (Estados Unidos, Alemania, Canadá y Bélgica, entre otros) que han realizado blanqueos”.
Más causas por contaminación ambiental para el juez a cargo del Riachuelo
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, a cargo de la causa por la contaminación del Riachuelo, también investigará el presunto daño ambiental que generaría una tosquera en la localidad bonaerense de Esteben Echeverría. El magistrado ordenó la clausura de la tosquera y el secuestro de maquinas que se utilizaron para hacer trabajos en el lugar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso el año pasado que Armella se haga cargo de supervisar el cumplimento de todas medidas tendientes a sanear el Riachuelo que están a cargo de un órgano tripartito integrado por el Gobierno nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el porteño.
La pericia le vino como anillo al dedo
La defensa de la mujer acusada de matar a un ladrón que previamente había ingresado a robar a su domicilio de la localidad bonaerense de Villa Madero, pidió el sobreseimiento a semanas del inicio del juicio oral y público. El pedido fue presentado por el abogado Hugo López Carribero, quien adujo que según un estudio médico realizado días atrás que su clienta actuó bajo "un estado de severa afectación emocional que le impidió comprender la criminalidad de sus actos". El pedido fue presentado ante el juez en lo correccional Nº 2 de La Matanza Horacio Giusso. La acusada, de origen paraguayo, se prevé que sea juzgada a partir de marzo próximo, según lo estipulado, por el hecho ocurrido en octubre de 2007, cuando mató a uno de los delincuentes que había ingresado a robar a su domicilio.
Puedo dormir tranquilo
El juez Franco Fiumara, integrante del tribunal que entendió en el caso de Graciela Aguirre, la mujer que mató a su marido en legítima defensa propia y de sus hijos, dijo que este caso, fue "muy complejo" y aseguró que pudo dormir "muy tranquilo" tras el fallo judicial. "Puedo asegurar que dormí muy tranquilo y muy pocas veces me dio satisfacción la Justicia en pleno como lo he sentido ayer", dijo el juez del Tribunal Oral Criminal 4 de La Matanza. Sobre la actuación del fiscal de Instrucción de La Matanza Guillermo Bordenave, que envió el caso a juicio oral, el Tribunal ordenó extraer copias de las actuaciones y remitirlas a la Corte provincial para que se investigue si hubo estratos que incurrieron en alguna anomalía o ineficacia, a pedido de la defensa de Graciela Aguirre. El magistrado explicó que los costos de los juicios orales son elevados (están en el orden de los 40.000 pesos) y la defensa de la mujer absuelta quiere que se investigue por qué se produjo este gasto cuando el caso pudo haberse resuelto en otras instancias.