El Bloque de Defensores Públicos Oficiales del MERCOSUR (BLODEPM) expresó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan los sectores sociales más vulnerables frente a la crisis mundial y reclamó la “fundamental e imprescindible” intervención del Estado. “El servicio público de la defensa es la garantía de reducción de su vulnerabilidad ante la catástrofe de la economía”, sostuvo el BLODEPM en una resolución dictada la semana pasada en un encentro en Río de Janeiro. Del encuentro participó la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, que es consejera titular del bloque, y el resto de los titulares de las defensas públicas de Brasil, Uruguay y Paraguay. “Por último, para toda esa población, la actuación de la defensa pública es la afirmación de su dignidad y ciudadanía”, señalaron los defensores.
La Justicia en la zona de desastre
El presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Posadas, recorrió la zona afectada tras el alud en la ciudad de Tartagal. A su vez, visitó los juzgados que funcionan en esa ciudad, y que también fueron afectados por la tragedia climática. Incluso, mantuvo diálogos con los empleados judiciales del “Barrio judicial” respecto a los daños a las viviendas, en muchas de las cuales el barro que ingresó a su interior llegó a alcanzar casi un metro de altura. Posadas además visitó el predio donde se proyecta levantar el edificio para el Poder Judicial y el Ministerio Público.
La Corte rechazó la queja
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar la queja interpuesta por la defensa de Felisa Miceli. A la ex ministra de Economía se le dictó auto de procesamiento sin prisión preventiva, como autora del delito de encubrimiento en concurso real con el delito de destrucción de documento. Ello en el marco de la causa que investiga la procedencia del dinero hallado de manera irregular en su poder, el 5 de junio de 2007, tramitado ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1. El Máximo Tribunal, para decidir, consideró que el recurso extraordinario cuya denegación había originado su intervención, no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal por sus efectos.
Por el caso del andinista muerto en el Aconcagua
El fiscal de Delitos Complejos de Mendoza, Luis Correa Llano, que investiga la actuación de la patrulla de rescate que en enero subió al Aconcagua y no pudo rescatar a al guía Federico Campanini, quien murió en el cerro, afirmó que el caso "es difícil y muy complicado". En el marco de una conferencia de prensa el fiscal dijo que "hay que establecer cuáles son los hechos para ver jurídicamente si ha habido o no la comisión de un delito", a partir del video filmado sobre el operativo de rescate. Las imágenes sobre el operativo de rescate son analizadas por el fiscal para determinar si hubo negligencia, como denunció la familia de Carlos Campanini. El guía de murió cuando descendía con un grupo de andinistas italianos tras hacer cumbre en el Aconcagua y equivocar el camino de regreso tras una fuerte tormenta de nieve.Los rescatistas lograron salvar a algunos de los italianos, pero no lograron rescatar a una de las andinistas, tambin de esa nacionalidad, ni tampoco al guía Campanini. El video difundido por televisión no permite "establecer cómo ocurrieron los hechos" porque se trata de "tres minutos (de filmación) contra seis horas" que duró el rescate. En cuanto al audio de esa grabación, donde se presume que uno de los rescatistas se comunica con una autoridad judicial consultándola si dejaba en el lugar a Campanini, Correa Llano fue tajante y respondió que "el fiscal está para investigar delitos".