En la actualidad, el cargo de Fiscal de Estado además de percibir un sueldo fijo también recibe los honorarios que se produzcan por las actuaciones legales de la provincia.
“El fiscal de Estado, sus representantes sustituidos y demás funcionarios letrados del Organismo que actúen o hubieran actuado representando o patrocinando a la Provincia, no tendrán derecho a percibir honorarios de ésta cuando la misma hubiera sido vencida en costas o las tomare a su cargo en virtud de transacción judicial o extrajudicial”, señala el proyecto de Ley presentado por la diputada provincial.
Además, prevé que el sueldo del Fiscal de Estado sea equiparable al de los vocales del Tribunal Superior de Justicia, puesto que para ambos cargos “se requieren las mismas condiciones”.
“Es un despropósito que sumas cuantiosas de dinero queden afuera del Estado, siendo que podrían contribuir a aumentar los fondos provinciales”, justificó la legisladora, quien en su proyecto estipula que esas sumas vayan “al área de Salud, una de las más críticas de la provincia, siendo sumamente grave la situación por la que atraviesa”.
Por otro lado, propone la creación de la figura de Fiscal de Estado adjunto, que será colaborador del titular, y será designado por concurso. Su remuneración será equiparable a la de un juez de primera instancia.
En tanto, estipula que tanto el Fiscal de Estado como para el adjunto no podrán ejercer la abogacía fuera de su función oficial.
Sánchez, alegando “el principio de transparencia” propuso que el personal que ingrese a la Fiscalía, lo haga por concurso, “gozando de los beneficios de todo empleado público”.
Por último, la iniciativa contempla la prohibición al Estado de tercerizar a cargo de abogados particulares la actuación en procesos judiciales. “Si la Fiscalía de Estado tiene su cuerpo de abogados, resulta sobreabundante que se delegue en abogados extraños a la Administración el seguimiento de las causas. La tercerización de los procesos judiciales, podría generar un conflicto de intereses, entre los propósitos perseguidos por la Administración y un abogado particular”, según afirmó Sánchez en su proyecto.