Durante su intervención, Maqueda, también apuntó al “cambio de paradigma en la política criminal del Estado” debido a la “jerarquización de los tratados internacionales de derechos humanos”, y agregó que “ahora no puede sobrepasar determinados límites y está obligado –el Estado- a tomar acciones positivas para adecuarse a los estándares internacionales”.
En la misma línea Raúl Zaffaroni, propició la necesidad de “que todos los países de la región refuercen por todos los medios posibles el sistema interamericano de derechos humanos, muy especialmente frente al cuadro de situación internacional que estamos viviendo”, ello en clara alusión a Estados Unidos para que este país ratifique el Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Al respecto el penalista dijo que en las últimas décadas “se pasó del estado de bienestar a un estado penal”, refiriéndose a una “creciente autonomización de las fuerzas policiales, que fue trayendo un mayor nivel de arbitrariedad en las decisiones” de estos organismos y las cúpulas, “dada la verticalidad” de las mismas.
Para Zaffaroni, “en América Latina nos estamos quedando sin códigos penales”. Además arremetió contra los políticos a los que les atribuyó el miedo en los medios, por lo que “como consecuencia de ello hacen modificaciones al Código Penal, que está en escombros, porque cada cambio es en realidad un mensaje motivado en una coyuntura que ya olvidamos”.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que “en tiempos de crisis se vuelven a plantear problemas que creíamos ya superados” y agregó como pilares fundamentales para su superación a la “tolerancia, cooperación y activismo judicial”.
En cuanto a la actividad de la Corte en la aplicación de los tratados internacionales se mencionaron como ejemplo caso Verbitsky, referido a las condiciones carcelarias mínimas aceptables; o el control judicial de ejecución de la pena; los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal; la defensa en juicio; el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; la intromisión arbitraria y abusiva de los órganos estatales en investigaciones penales en desmedro de la intimidad de las personas tal como lo plantea el caso Halabi y los casos Hagelin, Arancibia Clavel, Simón y Mazzeo, entre otros, vinculados a la investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos en delitos considerados de lesa humanidad.
Más de 500 participantes, entre jueces, funcionarios judiciales, académicos y abogados colmaron la Sala de Audiencias de la Corte y el patio contiguo, en el cuatro piso del Palacio de Tribunales, para escuchar las exposiciones. Expertos de cuatro países, incluyendo al ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, participaron del encuentro que tuvo una amplia repercusión.
Para culminar con la jornada, Lorenzetti expresó que “el movimiento de derechos humanos comenzó en las calles y se trasladó a las leyes, a los parlamentos y a las constituciones” y que esa es la razón por la cual el MáximoTribunal resolvió realizar esta jornada.
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