La audiencia convocada por el radicalismo, contó con la presencia de diputados nacionales, representantes de la Coalición Cívica y proyecto Sur. Así como también con representantes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, y distintos defensores del interior del país; y diversas organizaciones de consumidores entre las que se puede mencionar al Centro de Educación al Consumidor, DEUCO y ADELCO.
En la misma, se presentaron dos proyectos que intentan la derogación de una ley sobre renegociación de contratos de servicios y la regulación del sistema tarifario.
Juan Jesús Minguez, Adjunto Segundo del Ombusman nacional, fue el representante enviado por Mondino a la audiencia. Minguez argumentó que “derogar el artículo que permite la sanción ficta de los contratos renegociados es un tema esencialmente de calidad institucional”.
Para luego opinar acerca del segundo proyecto, el que posee mayor consenso, sobre el que dijo que “dará una interpretación auténtica de lo que dice la ley de la Defensoría del Pueblo de la Nación, permitiendo que se actúe ante suba de facturas que son una irracionalidad económica, y violan todo principio jurídico del derecho”, aseguró Minguez.
No obstante ello, el mismo día martes se planteó una sesión especial para tratar un proyecto unificado en el que se propone la eliminación del Programa de Uso Racional de la Energía (PURE), junto con el Decreto Nº 2067/08 que dispuso la creación de un Fondo Fiduciario destinado a pagar las importaciones de gas que nuestro país realiza desde junio del 2008.
La sesión, no logró el quórum correspondiente por lo que sólo pudo expresar acciones en minoría. Cabe destacar que la sesión fue convocada por parte de la oposición conformada por diputados de la de la Coalición Cívica (CC), la UCR, el Socialismo y el SI.
La diputada de la CC, Virginia Linares, un de las impulsoras de la sesión especial, dijo que “el actual sistema se encuentra colapsado por la ausencia de planificación energética a largo plazo, la escasez de inversiones, el inexistente control sobre el estado de los pozos petroleros y gasíferos, y el aumento en la exportación de energía.”
En tanto que, según fuentes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, expresaron que las acciones judiciales iniciadas por el Ombusman no han tenido ningún tipo de avance más que los ya conocidos.
Es bueno recordar en este sentido, las palabras que tuviera Eduardo Mondino, con respecto a las empresas concesionarias. Ya que para él, estas “parecen haber olvidado que prestan un servicio público esencial y, en consecuencia, las tarifas deben ser justas y razonables. Ahora resulta que a las empresas, avaladas por el Estado nacional, se les ha permitido triplicar o cuadruplicar, sin más, el valor de la facturación como si la luz, el agua o el gas fueran un elemento suntuario”.