Entre muchos de los temas que el Tribunal podría abordar con estas nuevas herramientas, “la cual surge como una política institucional del TSJ”, están los vinculados a la cuestión ambiental y territorial.
También llevarán adelante la implementación de la figura de “amicus curiae” o “amigos de la Corte”, donde una organización en representación de un sector de la sociedad, podrá dar su punto de vista sobre una determinada causa que analiza el Tribunal.
La información fue dada a conocer por el presidente del TSJ, Oscar Massei, en una reunión que mantuvo días atrás con la ONG Convocatoria Neuquina. Consultados por Diariojudicial.com, desde el Tribunal confirmaron el proyecto que elaborarán para tener la herramienta de las audiencias públicas, aunque prefirieron no poner fechas al respecto.
En esa reunión, la cual tuvo en el cuarto piso de los Tribunales locales, Convocatoria fue con la idea de proponer estas nuevas herramientas. Además, se habló de otros temas como la defensa de la independencia del Poder Judicial y la libertad de expresión.
La ONG, mediante un comunicado, informó que le remarcaron a los jueces del TSJ, "su preocupación porque las estructuras medias del Poder Judicial siguen siendo las mismas que años atrás. El daño institucional ocasionado en los años de la colonización fue muy profundo y mucho tiempo demandará modificar esta situación, recuperar la credibilidad y la transparencia. Hubo cosas que cambiaron y lo festejamos pero otras deben aún seguir su camino de cambio".
Por su parte, Massei aseguró que la conducta del TSJ es la de "conducir con participación". "No se necesita mayor presupuesto para hacer algunos cambios, sino recomponer las relaciones humanas y llegar a acuerdos", sostuvo el juez.
El método de audiencias públicas fue implementado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación años atrás cuando tuvo que resolver el problema del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Así, luego utilizó dicha herramienta para muchas otras que vino haciendo en los últimos años: la tala indiscriminada de bosques en Salta, la facultad de la AFIP para dictar embargos sin la previa autorización de un juez y una demanda de empleados de Telefónica contra la empresa, entre otras.