Desde los solicitantes de la audiencia, se presentó un informe en el que se destaca que más allá de haber “mejoras en diversos aspectos de la Justicia Argentina” existen puntos a tener en cuenta en los que todavía se obstaculizan los procesos judiciales.
En este sentido, el representante de la FIDH, Manuel Ollé, reconoce esos avances por ejemplo desde que en 2003 las leyes de punto final y obediencia debida fueran anuladas. No obstante, marcó su preocupación por el “excesivo periodo que se dilata en el tiempo los procesos”.
Expresando la necesidad de que “existan jueces especializados y que tengan una dedicación exclusiva, lo que es fundamental para garantizar la tutela judicial”. De igual manera consideró la acción del Ministerio Fiscal ya que “deben existir mayor número de fiscales y dedicación exclusiva”, consignando que “el mismo fiscal que instruya en la causa sea el que la eleve”.
Además mostró su inquietud ya que en el interior del país los periodos se vuelven excesivos por las “excusaciones y las recusaciones”, sucediendo lo mismo en cuanto a las vacantes judiciales.
Sin embargo, Ollé, destacó que “el problema capital es la concentración de causas” ya que “debe existir un criterio que sea eficaz para evitar la revictimización de las víctimas y evitar las repetición de pruebas”. Instando a que se utilicen patrones de acumulación de causas, como ser, por las zona militares existentes o por circuitos represivos.
De igual manera se hizo hincapié en la publicidad de los juicios. “Creemos que debe ser de plena publicidad” porque “se sigue reconstruyendo la verdad”. Y una publicidad plena “garantiza la confianza del ciudadano en la administración de justicia”.
En tanto que el comisionado Florentín Meléndez, mencionó como “referentes importantes para América Latina” los “extraordinarios avances” para recuperar la memoria y garantizar la verdad y la justicia. Por su parte, la presidenta de la CIDH, Luz Mejía valoró “el compromiso asumido por el Gobierno argentino en recuperar la justicia” y recordó la visita que a mitad de este año realizará la CIDH con motivo de los cincuenta años de creación del organismo.
A su turno, Graciela Resenblum de la LADH, focalizó su presentación en la situación de los testigos y sobrevivientes de la época de la dictadura militar y la situación de privilegio “que tienen los genocidas en nuestro país”. Recordando que desde hace dos años y medio que Jorge Julio López, uno de los principales testigos del juicio contra Etchecolatz, se encuentra desaparecido.
Cabe recordar que según un estudio del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) un total de 1.254 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado. No obstante, poco más del 40% están procesados y apenas 48 fueron condenados.
“En la actualidad, existen aproximadamente 204 causas en movimiento en todo el país. El número total de personas procesadas es de 526. De ellas, 385 permanecen detenidas con carácter preventivo. El resto de los procesados, un total de 141, se encuentran en libertad. En tanto, 32 imputados están siendo indagados actualmente”.