Diputados y senadores oficialistas confirmaron que acelerarán el tratamiento de los proyectos que proponen crear un sistema de justicia penal para adolescentes de entre 14 y 17 años. Nora césar, la titular de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja explicó que se pretende avanzar hacia un proyecto de consenso, que reúna lo fundamental de las 10 iniciativas presentadas. El oficialismo reacciona así a la polémica generada en los últimos días en torno al tema de la seguridad y la posible baja de edad de imputabilidad de los menores. La diputada pretende que se pueda consensuar un solo proyecto en la comisión, que se reunirá el próximo martes a partir de las 15 hs. En tanto, en la Cámara Alta, el jefe del bloque oficialista, Miguel Angel Pichetto aceleró los tiempos cuando comunicó su interés de que el proyecto sea tratado el 29 de abril en el recinto, en línea con afirmaciones de funcionarios del Gobierno Nacional y del propio Nestor Kirchner. La intención del Frente para la Victoria es lograr un plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Población y Presupuesto y Hacienda para darle forma al nuevo régimen para menores, que contempla como sanciones "desde un pedido de disculpa a la víctima hasta la privación de libertad", explicó la senadora justicialista Sonia Escudero.
Kirchner arremetió contra el Poder Judicial
El titular del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, encabezó una asamblea partidaria en San Miguel y cuestionó al Poder Judicial acusándolos de inacción frente a la inseguridad. Refiriéndose al homicidio de Daniel Capristo a manos de un chico de 14 años en Valentín Alsina, Kirchner se preguntó: “Que puede hacer un gobernador cuando un chico va y mata”. “Es hora de la Justicia empiece a tomar las determinaciones que le corresponda. No se puede dejar libre a alguien con esas características, por más inimputable que sea”, sentenció.Como respuesta instó al Congreso a tratar “ley penal del menor para dar las sanciones que corresponden”.
Que la Corte que se haga cargo del embajador
El Procurador Fiscal Luis Santiago González Warcalde, dictaminó a favor de que el embajador uruguayo Francisco Bustillo Bonasso sea investigado por la Corte Suprema por presuntas irregularidades en la causa por el ingreso a nuestro país de vehículos de lujo mediante franquicias diplomáticas. Mediante un dictamen de dos carillas, González Warcalde recordó la “competencia originaria” que tiene la Corte para intervenir en estos temas. Sin embargo, el Procurador se mostró a favor si el Máximo Tribunal decide delegar la investigación en el juzgado federal donde tramita la causa.
Informe del Ministerio Publico Fiscal detalla los nombres de los procesados por delitos de lesa humanidad
El Ministerio Publico Fiscal presentó un informe en el que detalla a todas las personas procesadas por delitos de lesa humanidad. Quinientos cincuenta y seis son los imputados que se encuentran en condiciones de ir a juicio oral. La información fue elaborada por la la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado; comprende además datos sobre fechas de las resoluciones respectivas de primera instancia y cámara, y de autos de requerimiento de elevación a juicio y de elevación. Los casos se encuentran centrados en16 jurisdicciones del país. En la nómina figuran los genocidas Eduardo Massera, Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Scheller, así como Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone y Antonio Domingo Bussi. Hasta el momento, desde la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, se han condenado a 41 imputados.
Denunciaron a Francisco De Narváez por supuesta violación al Código Electoral
El candidato a diputado nacional del PJ disidente Francisco De Narváez fue denunciado este viernes por la supuesta violación al Código Electoral que prohíbe captar sufragios por mediante avisos televisivos antes de los 32 días de las elecciones. La demanda fue presentada por el diputado nacional oficialista Ariel Basteiro que consideró que los spots publicitarios que De Narváez emite por televisión violan el artículo 64 ter del Código. Ese artículo prohíbe “la emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación de sufragio para candidatos a cargos públicos electivos nacionales antes de los treinta y dos (32) días previos a la fecha fijada para el comicio”. La acción fue presentada ante la jueza federal con competencia electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Servini de Cubría.