“La difícil tarea de administrar la conflictividad penal en territorios plagados de marginación y desigualdad como el conurbano bonaerense, exige un gran esfuerzo que es el que efectivamente hacen la mayoría de jueces y fiscales, no siendo los responsables principales de la inseguridad reinante”, opinó la Procuración.
Por su parte, el Colegio sostuvo que “está claro –para todos, menos para los ciudadanos asustados- que los jueces no hacemos las leyes, no fijamos la edad de imputabilidad, no administramos los institutos de menores ni la policía y no podemos prevenir el delito ni la marginación”.
Ambas instituciones repudiaron las agresiones sufridas por el fiscal Lázzari y se solidarizaron con la familia Capistro por la perdida de su familiar. La Procuración entendió las agresiones como “una afrenta totalmente injustificada a la persona de este funcionario y en definitiva, se exhibe como un agravio inédito y preocupante al Ministerio Público y a la justicia en general, que es una de las instituciones esenciales de toda república democrática”.
El Colegio de Magistrados introdujo un debate más profundo que al de la mera política criminal: “esos vecinos, ese fiscal y ese chico -que debería estar en la escuela y con la contención una familia- forman parte de una cadena que no empieza ni termina Valentín Alsina, ni la noche de ayer”.
Los jueces también pidieron la modificación de leyes y estructuras ya que sin eso “el Estado no puede dar respuesta satisfactoria a esta cantidad de delitos”. El Colegio fustigó a algunos medios que buscan “agregar confusión al miedo para evitar que se identifiquen con claridad las causas reales de la violencia y el delito”.
La Procuración también apuntó con el ojo por ojo: “El Estado de Derecho no admite el linchamiento ni la justicia por mano propia, ni puede tampoco tolerar pasivamente que los reclamos justos de los ciudadanos se canalicen por vías violentas, pues ellas no solo no aportan soluciones, sino que además participan de la misma lógica que se pretende repudiar”.