04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Brevatas

Kosiuko deberá responder por el trabajo esclavo | Rechazan planteo de recusación de Astiz | Highton contra la violencia doméstica | Insisten con el decomiso de los bienes de María Julia

 
El “trabajo esclavo” trae consecuencias

El fiscal federal Jorge Di Lello solicitó la indagatoria de los titulares de la firma Kosiuko, ante el presunto "trabajo esclavo" al que habrían sido sometidos dos costureros de nacionalidad boliviana. La denuncia había sido formulada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, ante la presunta existencia de "un taller textil clandestino en el que fueron reducidos a la servidumbre una pareja de costureros indocumentados de origen boliviano". El pedido del fiscal fue concretado ante el juez federal Julián Ercolini, y en él pidió la indagatoria de empresarios titulares de la marca Koswef S.A., Federico Bonomi y Marcelo Gallardo. En el mismo dictamen, Di Lello requirió que los talleristas Walter Moya y Andrea Mishaguagua también sean llamados a indagatoria. Según informó la Defensoría, "el pedido de indagatoria está basado en las filmaciones de un taller clandestino que fueron entregadas a la Justicia a principios de marzo", junto con "el testimonio de los explotados costureros Concepción Pajarito y Oscar Mamani".

No vale echarle la culpa al juez

La sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal desestimó el planteo de recusación del juez federal Sergio Torres presentado por el represor Alfredo Astiz. Según lo consignan los jueces Eduardo G. Farah y Martín Irurzun, “este Tribunal considera que los argumentos desarrollados por la defensa no configuran un cuadro indicador de los vicios alegados que podrían llevar al apartamiento del magistrado, ya que la calificación de “razones legítimas para dudar” que efectúa el recusante, responde a su propia subjetividad, en tanto no encuentra apoyatura en ninguna circunstancia que sugiera inequívocamente animosidad del instructor con la defensa o con su pupilo, y/o con las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Policial, como sugiere en su presentación”. La presentación del genocida fue hecha en el marco de la causa en la que se investiga la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin, ocurrido en el Palomar en el año 1977. Causa que se encuentra radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 desde diciembre pasado. Actúa como parte querellante Ragnar Erland Hagelin, padre de la víctima, y la Justicia dispuso citar a indagatoria a 33 personas, entre las que se encuentran Jorge Eduardo Acosta, Ricardo Cavallo, Antonio Pernías y Raúl Scheller, además de Astiz.

Highton firmará acuerdos de cooperación con provincias para enfrentar la violencia doméstica

Con el objetivo de coordinar acciones y complementar recursos para facilitar el acceso a la justicia de las personas que viven situaciones de violencia familiar, la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, firmará este viernes a las 11.30 en el Palacio de Tribunales convenios de cooperación con los máximos tribunales de justicia de las provincias de Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Los acuerdos se suscribirán en el marco de la labor realizada por el Grupo de Trabajo Federal sobre Violencia Doméstica de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia, a fin de desarrollar actividades conjuntas de investigación, capacitación, difusión, promoción y elaboración de estadísticas. Asistirán al acto los ministros Eduardo José Ramón Lludgar (Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero), Jorge Horacio Nanclares (Suprema Corte de Justicia de Mendoza), Guillermo Alberto Posadas y María Cristina Garros Martínez (Corte de Justicia de Salta), María Silvia Bernal (Superior Tribunal de Justicia de Jujuy), Claudia Beatriz Sbdar (Corte Suprema de Justicia de Tucumán) y Amelia Sesto de Leiva (Corte de Justicia de Catamarca).

Critican falta de ejecución del decomiso de bienes a María Julia Alsogaray

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) criticó que todavía no se haya ejecutado la sentencia por enriquecimiento ilícito contra la ex secretaria de Medio Ambiente que fue condenada al decomiso de 500 mil dólares y 622 mil pesos. La ONG sostuvo que el Tribunal Oral Criminal Federal 4 ordenó nuevas medidas antes de ejecutar la sentencia. La Corte Suprema había dejado firme la condena contra Alsogaray a fines del año pasado. “Todavía no se ejecutó el decomiso por enriquecimiento ilícito sentenciado a María Julia Alsogaray hace cuatro meses por el Tribunal Oral Federal Nº4”, reclamó la entidad.



dju / dju
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