En su resolución, el juez ordenó “en forma inmediata” a tomar los recaudos para que el plantel de internos en el centro se ajuste, en lo posible, al número de plazas asignado (40) y jamás supere la cantidad camastros disponibles (61).
“Las instalaciones sanitarias tienen un deterioro importante que ha obligado a medidas de emergencia, tales como los desagotes periódicos que se cumplen, pero que obligan a una solución duradera y en un plazo razonable, para lo cual se ha dado intervención a Dirección de Infraestructura de la Secretaría de Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia (MUNAF)”, según precisó el juez.
También instó a que los internos del “sector B” del Centro “dispongan un espacio común para sus comidas que les evite tener que recibirlas en sus respectivas habitaciones”. Además, ordenó que “se mantengan las medidas de saneamiento ambiental para la prevención de enfermedades, y particularmente respecto al mosquito transmisor del dengue”.
A su vez, el magistrado ordenó a la Subsecretaría de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de la Provincia, de quien depende el Centro, a que “en el término de noventa días” concluya las tareas de reparación de las instalaciones sanitarias.
Todas las medidas ordenadas “bajo apercibimiento de proceder a la evacuación de internos que exijan subsistentes e ilegítimas condiciones de alojamiento que agraven su privación de libertad”.
"Las condiciones que reúne al presente el Centro de Admisión de Menores Correccional no se adecuan enteramente hoy a su destino y exigen urgentes correctivos que restablezcan lo indispensable para una legítima recepción y guarda de personas a quienes se atribuye delitos cometidos en su niñez", consideró el juez.
Si bien el juez de menores reconoció que "la Provincia de Córdoba ha hecho muy importantes avances en cuanto al alojamiento de quienes deben permanecer privados de libertad por supuestos delitos cometidos en la niñez", y así posibilitar que "no haya menores de 18 años en locales policiales ni cárceles de encausados", también sostuvo que "la patética descripción que los accionantes hacen de las condiciones que hoy afectan al centro resulta de recibo y exige prontas medidas que superen las deficiencias advertidas que, de mantenerse, devendrían ilegítimas y consecuentemente inadmisibles".