Según fuentes consultadas por Diariojudicial.com, si bien la aprobación del documento no significa el ordenamiento de medidas, el mismo representa una política a seguir por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Principalmente, el documento plantea la sanción de una Ley de Ejecución Penal. “Esta legislación deberá ser superadora de la Ley Nacional de Ejecución Penal (ley 24.660), la cual representa sólo un estándar federal mínimo que reglamenta el programa constitucional en materia de ejecución de la pena privativa de la libertad”, señala el documento.
En ese sentido, proponen garantizar “la cantidad de plazas disponibles de cada lugar” y servir “como estándar mínimo de garantías”. También, estipula una “magistratura específica de ejecución penal” para garantizar la ejecución y cumplimiento de las penas.
Otra de las medidas prioritarias, es la de llevar adelante la creación de la figura de Procurador Penitenciario de la Ciudad, “el cual debe ser un profesional del derecho, que posea una sólida trayectoria académica y antecedentes específicos en materia penitenciaria”.
Una distinción que quieren establecer con el actual funcionamiento de los penales, el documento propone “abandonar la idea de cárceles monumentales, las cuales fomentan la completa despersonalización de los internos y de su personal”, y a cambio pensar en “modelos descentralizados y reducidos”. Al respecto, aconsejan que los detenidos estén en lugares cercanos a su lugar de arraigo, con lo cual se facilita “la subsistencia de los lazos familiares”.
Otro de los puntos de la iniciativa es la de crear un servicio de reinserción social para todos aquellos que recuperen la libertad. La misma “deberá realizar un trabajo de articulación y coordinación importante con todos los actores sociales y gubernamentales”, según establece.
Como prioridad, se pretende garantizar la protección de los derechos humanos de los presos, así como también promocionar la salud, el trabajo, actividades recreativas y culturales.
“Podrá pensarse en la implementación de experiencias exitosas en el sistema federal, como el programa UBA XXII, de educación universitaria en las cárceles, mediante el cual las personas privadas de libertad tienen la posibilidad de cursar distintas carreras”, sostiene el texto.
Según fuentes consultadas por Diariojudicial.com, la idea es que mientras se avance en la transferencia de más competencias penales al ámbito de la Justicia porteña, y en consecuencia más personas se vean privadas de su libertad, ir a la par con tener recursos para contener a los presos.