Los magistrados del Máximo Tribunal norteamericano expresaron que las autoridades pueden enviar a la cárcel a un extranjero clandestino por el uso de documentos falsos, pero no los pueden enjuiciar por “usurpación de identidad agravada”, si no comprueban que ellos sabían que los datos pertenecían a gente real.
En el caso, un ciudadano mexicano (Ignacio Flores-Figueroa) fue empleado de la planta de acero desde el 2000. Inicialmente trabajó bajo un nombre ficticio y números de seguridad social y registro de inmigración falsos. Ya en 2006 decidió iniciar los trámites para conseguir nuevos documentos de identidad, pero resultó que la nueva serie de números pertenecía a otra persona, por lo cual el empleador comenzó a sospechar y contactó a las autoridades de inmigración, que arrestaron al mexicano.
El acusado se declaró culpable de dos cargos de malversación de documentos de inmigración y un cargo de ingreso ilegal a Estados Unidos, por los cuales recibió una condena de 51 meses de prisión. Luego de cumplir con su condena enfrenta la posibilidad de la deportación. Además fue condenado por dos cargos de robo de identidad agravado, que añadieron dos años a su sentencia. Esa es la parte de la condena que fue revertida por la Corte Suprema.
Por su parte Chuck Roth, director de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes en Chicago, expreso que “esta decisión preserva ideales básicos de justicia para algunos de los trabajadores más vulnerables de nuestra sociedad” y agregó que “un inmigrante que usa un número de seguro social para obtener un trabajo no pretende hacerle daño a nadie y no tiene ningún sentido enviarlos a prisión por dos años”.
La ley de robo de identidad fue creada en 2004 y ha sido utilizada por las autoridades para obligar a los inmigrantes indocumentados a que acepten su deportación voluntaria. Normalmente, un proceso de deportación tarda meses, especialmente si el inmigrante no tiene antecedentes criminales.
El año pasado, por ejemplo, el Gobierno del entonces presidente George W. Bush presentó cargos por posesión de documentos falsos y “usurpación de identidad agravada” contra la mayoría de los 389 indocumentados que fueron arrestados durante una redada en una empresa procesadora de carne en Iowa.
Organizaciones pro inmigrantes se mostraron contentos con la decisión. “Al fin se ha hecho una clara distinción entre quienes cometen actos criminales en el robo de identidad y las personas trabajadoras que sólo usan el número para trabajar sin hacer ningún daño a nadie”, opinó Angélica Salas, directora de la Coalición de Los Ángeles para los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA). “Esta noticia es buena para toda persona que trabaja con un número de seguro social inventado” agregó.