De esta forma el Tribunal Supremo admitió la querella presentada por el Ministerio Público contra los tres jueces de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, Carlos Cezón, Carlos Ollero y Juan José López Ortega, que concedieron la libertad al presunto narcotraficante fugado Carlos Ruiz Santamaría, alias Carlos el Negro, sindicado como el máximo imputado.
En un escrito, los magistrados acusados explican que "al ser hecho notorio" la admisión a trámite por la Sala Segunda del Supremo de la querella interpuesta por el Ministerio Fiscal contra ellos, "óigase al fiscal y a las defensas" para que manifiesten por escrito hasta las 14.00 horas del próximo martes "cuanto consideren oportuno en relación con dicha admisión de querella".
En ese sentido, el Tribunal Supremo entiende que la liberación del presunto narcotraficante puede constituir un delito de prevaricación “dolosa o imprudente” y por este delito los magistrados enfrentarían penas de llegarían hasta 20 años de inhabilitación.
Además, se dispuso que se comunique la resolución al Consejo General del Poder Judicial "a sus efectos" y que se ponga también en conocimiento de los tres querellados para que ejerzan su derecho a la defensa y recurran si lo desean la decisión ante la Sala Segunda, para lo que cuentan con un plazo de tres días. En caso de que recurran, no se podría acordar su suspensión -que estudia el CGPJ- hasta que la resolución del Supremo sea firme.
En el auto del Tribunal Supremo, se destaca que "en este momento, no existen razones que excluyan la posibilidad de que el acto -la liberación de Santamaría- sea constitutivo de delito", ya que el fiscal considera que "la libertad condicional fue acordada pese al peligro de fuga del narcotraficante".
Además de poner la resolución en conocimiento de los afectados, la sala remitirá una copia de su decisión de admitir a trámite al presidente del CGPJ, al presidente del Supremo y a la Fiscalía "a los efectos que proceda según lo previsto en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El CGPJ deberá estudiar ahora si suspende cautelarmente o no a los tres jueces.
En esta causa conocida como “Operación Temple” la fiscalía pide 60 años de prisión para Ruiz Santamaría al considerarlo delegado en España de una organización de narcotraficantes colombianos y españoles dedicada al transporte de grandes cantidades de cocaína para su posterior distribución en Europa.
La acusación del Ministerio Público engloba a 38 personas de diferentes nacionalidades que conformarían este grupo, que a su vez estaba integrado en una organización supranacional más amplia que tenía su centro de operaciones en Colombia. Las penas van de los 60 a los 14 años, además de millonarias multas para todos