El pedido del Máximo Tribunal llegó luego de una queja de un abogado de la matrícula que objetó que los magistrados civiles y comerciales de la capital de la Provincia remitan “indiscriminadamente” las causas a los contadores oficiales cuando en muchos casos la consulta “no sería necesario”.
La presentación fue efectuada ante el STJ por el abogado Raymundo Kisser. El letrado destacó la importante labor de los peritos pero dijo que en muchos casos su intervención puede “convertirse en un escollo más para la rápida solución de los conflictos”, además de desnaturalizar sus funciones específicas.
Particularmente el abogado señaló que cualquier expediente con una liquidación, aunque no tenga una impugnación u observación, se lo envía al contador oficial que en algunos casos lo tiene en su poder cerca de 30 días para resolver. El letrado también sostuvo que cuando la causa es devuelta no se deja constancia que la liquidación estuvo bajo el control del contador oficial.
En ese marco, Kisser solicitó al STJ que instruya a los jueces a el envío del expediente al contador esté acompañada por una resolución que fundamente la decisión para que no haya “arbitrariedades y demoras injustificadas”.
“Recomendar a los magistrados del fuero en lo Civil y Comercial de esta Capital que eviten la remisión indiscriminada de los expedientes a consideración de los Contadores Oficiales, debiendo limitarse a los casos estrictamente necesarios y debiendo dejarse, en todos los casos, la pertinente constancia de dicha intervención en el expediente. Ello sin perjuicio de analizar la factibilidad de conformar un cuerpo de peritos Contables”, resolvió el Máximo Tribunal.
El acuerdo general fue firmado por los jueces Daniel Carubia, Germán Carlomagno, Juan Ardoy, Bernando Salduna, Leonor Pañeda, Eduardo Castrillon y Claudia Mizawak.