El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, ordenó realizar este martes el allanamiento en dos estudios jurídicos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa por presunto cohecho en la que también es investigado un fiscal federal de Lomas de Zamora. Se trata de una causa abierta por la denuncia de un empresario, que aseguró que un fiscal federal le recomendó asesorarse con dos abogados de su confianza para “limpiarle” una causa en su contra por irregularidades en el tratamiento de residuos de su compañía, ya que él y sus dos hermanos “podrían ir presos”. Las actuaciones se encuadran en el caso “Mendoza”, donde la Corte Suprema de Justicia ordenó el año pasado la implementación de políticas públicas concretas para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Se busca compromiso ciudadano
Se presentaron sólo 170 ciudadanos para ser autoridad de mesa pero el Tribunal Electoral reveló que se necesitan 2000 personas para cumplir esa función en las próximas elecciones del 28 de junio. Con optimismo reconocieron que "no son pocos los inscriptos si se considera que en las elecciones del 2007 sólo se presentaron cuatro". Ya en los comicios del 2004 debieron recurrir a funcionarios judiciales y esperan que no se repita esa situación.
Casación ordena seguir investigando a Guillermo Moreno por amenazas
La Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento del secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, en una causa por supuestas amenazas contra el ex titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) Marcelo Rossi y ordenó seguir investigándolo. Para los jueces de la Sala I de Casación, Raúl Madueño, Juan Fégoli y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, el sobreseimiento de Moreno es prematuro. Rossi había denunciado que Moreno le habría exigido que le pidiera autorización antes de otorgar un subsidio agropecuario. El ex titular de la ONCCA también denunció que Moreno le dijo “estás en un quilombo” si no lo obedecía y que “ojalá no te pase nada”.
A Alsogaray no le cierran las cuentas
Peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia dictaminaron que la ex polifuncionaria María Julia Alsogaray debe reintegrar al Estado más de 2 millones de pesos, producto de su enriquecimiento ilícito tras su paso por la Administración Pública. El dictamen que hizo el cálculo fue presentado ante el Tribunal Oral Federal Nº4 (TOF4) solicitando ante los jueces una actualización de los montos que le habían fijado en una condena impuesta en mayo de 2004, de tres años de prisión (de los cuales estuvo efectivamente detenida 19 meses) y de reintegrar unos 500 mil dólares y 622 mil pesos. El año pasado, la Corte Suprema, confirmando la decisión del Tribunal Oral, había desestimado una presentación de la ex funcionaria, quien había alegado insolvencia para aportar esas sumas. Los jueces Leopoldo Bruglia, María Cristina San Martino, y Jorge Luciano Gorini, deberán determinar la suma que debe reintegrar Alsogaray al Estado.
Acuerdo para un aumento presupuestario
Chubut contará con un 30% más de presupuesto para su Poder Judicial siempre y cuando Diputados vote a favor del acuerdo al que llegaron el Poder Ejecutivo y el Judicial de esa provincia. Luego de un encuentro entre el presidente del Superior Tribunal de Justicia Alejandro Panizzi, y el ministro de Economía Víctor Cisterna quienes acordaron que el Poder Judicial contará con un presupuesto de alrededor de 226 millones de pesos, una cifra que supera por más de 50 millones a la del 2008. El presidente del Alto Tribunal provincial adelantó que ese incremento se invertirá en "implementar algunos organismos, como la Cámara de Madryn, y una oficina para mejorar el servicio de planificación estratégica y control de gestión, en la búsqueda de transparencia de la gestión judicial”. Aclaró también que no alcanzará para avanzar en la obra de la ciudad judicial de Comodoro Rivadavia. El acuerdo alcanzado debe ser aprobado por el Poder Legislativo en donde los diputados deberá votar aprobando la nueva modificación.
Una condena esperable
El acusado de abusar a seis jóvenes de la localidad bonaerense de Pablo Nogués, en 2006, fue condenado a 31 años y siete meses de prisión por el Tribunal Oral Criminal 2 de San Martín. Se trata de Guillermo Irineo Martínez de 32 años quien ya había sido condenado por los delitos de abuso sexual agravado por acceso carnal y el uso de arma y este martes se concoció la pena impuesta. La fiscal de juicio, Amalia Belaunzarán, había solicitado la pena de 40 años de prisión. No obstante, las víctimas manifestaron estar conformes con la sentencia.