Los tribunales debían comenzarán a funcionar el próximo 1 de junio, tal como estipuló la ley 5846. “No es posible la puesta en funcionamiento de los Tribunales creados por la Ley N° 5846 en razón a que el presupuesto actual resulta insuficiente sin la partida presupuestaria”, sostuvo el STJ en un su último acuerdo que fue remitido a la Legislatura para que posponga el inicio de las tareas de la Cámara y los juzgados.
El Máximo Tribunal provincial criticó que el Gobierno no haya girado las partidas presupuestarias especiales para la puesta en marcha de la Cámara y los juzgados. La ley que los creó estipuló en su artículo 23 que “los gastos que demande la implementación de la presente normativa serán atendidos con recursos del Poder Judicial, a cuyo efecto se incluirá la partida correspondiente en el presupuesto del año vigente”.
“Esos refuerzos no fueron girados a las arcas de la Justicia”, sostuvieron los jueces del STJ en su acuerdo. Las partidas no formaron parte del presupuesto del año pasado y ante una nota que el Máximo Tribunal envió en noviembre, el Gobierno respondió en marzo que no hay fondos para nuevas partidas de dinero.
El STJ explicó que su política de infraestructura es la compra de inmuebles y no su alquiler. “Esto es así porque los inmuebles requieren una inversión en tecnología de redes e informatización que se pierde cuando las propiedades no pertenecen a la Justicia. Y el presupuesto aumenta al considerarse rubros como mobiliario, equipamiento informático, y salarios de personal de maestranza, administrativo, funcionarios y magistrados”, explicó el Máximo Tribunal.
“Cabe recordar que el proyecto original de creación del fuero contencioso administrativo y electoral fue iniciativa del STJ, interesado en brindar acceso al justiciable en todas las jurisdicciones de la provincia, y al mismo tiempo, disminuir el elevado número de causas que se tramitan ante la Corte local en estas materias”, explicó el STJ.
La ley creó una Cámara en lo Contencioso Administrativo y Electoral, con asiento en la ciudad de Corrientes y con competencia en toda la provincia, y seis juzgados contenciosos de primera instancia; dos de ellos para la ciudad capital y los cuatros restantes para las jurisdicciones 2, 3, 4 y 5.