04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Brevatas

¿Llegan o no llegan a la Corte? | Blanqueo: la AFIP amplió las condiciones | Una sentencia que se aproxima | Bolivia abrirá los archivos de la dictadura

 
Fiscal electoral dictaminó en contra que las candidaturas testimoniales lleguen a la Corte Suprema

El fiscal federal de la Capital Federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, dictaminó este jueves en contra de que las llamadas candidaturas testimoniales sean tratadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Di Lello no hizo lugar a un recurso extraordinario presentado por el abogado Eduardo Barcesat contra el fallo de la Cámara Nacional Electoral que había confirmado el rechazo a un amparo para que no se permitieran las candidaturas de quienes estén cumpliendo un cargo con mandato vigente o de aquellos que anunciaron que no asumirán en caso de ser electos en las elecciones del próximo 28 de junio. El dictamen ahora debe ser analizado por la Cámara Nacional Electoral que si lo confirma, Barcesat podrá recurrir en queja al Máximo Tribunal.

Se amplía la repatriación de capitales

Mediante la resolución general 2609/2009 publicada este jueves en el Boletín Oficial, la Administración de Ingresos Públicos flexibilizó las condiciones para el blanqueo de capitales. Amplió los destinos posibles para los fondos y acortó los plazos de inmovilización de los recursos. La resolución establece que los fondos reingresados para inversiones inmobiliarias o compra de títulos o bonos públicos no sean depositados en un banco. En cuanto a las inversiones en inmuebles expone una lista amplia que prevé complejos de cualquier índole, incluso barrios cerrados y countries. También especifica los bienes de capital a los cuales se podrán destinar las inversiones productivas, lo que no figuraba en las normas previas. Elaborada por la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la AFIP, la resolución también apunta a contemplar la posibilidad de realizar inversiones en cualquier área de la actividad turística, así como la opción de concretar inversiones en áreas culturales, desde cinematografía y publicidad, medios gráficos o audiovisuales, hasta encargar una obra de arte.

Grassi ante la Justicia

El cura Julio César Grassi escuchará la sentencia en su contra el 10 de junio próximo en el juicio que se le sigue por abuso sexual y corrupción de menores. Así lo fijó el Tribunal Oral Criminal Nº 1 (TOC1) de Morón, responsable del juicio que se inició en agosto del año pasado, y luego de escuchar las últimas palabras del cura. Se desconoce si los jueces permitirán el ingreso de la prensa para tal fecha pero hasta el momento está prohibido. El imputado expresó ante los jueces que su vocación son “los chicos y los pobres”. El fiscal del juicio Alejandro Varela ratificó su pedido de 30 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y amenazas. Los hechos que se le imputan al sacerdote habrían tenido lugar cuando él dirigía la fundación Felices los Niños.

Abrirán los archivos en Bolivia

El ministerio de Defensa de ese país ordenó este miércoles, abrir los archivos de las Fuerzas Armadas para que los familiares de los 170 desaparecidos durante las últimas dictaduras puedan acceder a esos documentos. La decisión se tomó a partir de la huelga de hambre que iniciaron, hace más de dos semanas, tres familiares de desaparecidos. El funcionario resolvió “autorizar al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas el acceso a familiares y víctimas de regímenes militares a archivos, registros públicos y documentos existentes en las Fuerzas Armadas”. Así, quien lo solicite, revisará los archivos acompañado de un integrante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, un funcionario del Ministerio de Justicia y un escribano. “Si existieran documentos que todavía no fueron revisados con prolijidad para descubrir más elementos, ahí está la resolución ministerial que acabamos de promulgar. Está la voluntad política del gobierno”, dijo el ministro Walker San Miguel. Desde los organismos, calificaron a la decisión de insuficiente. “Una resolución ministerial no es tan fuerte. Un decreto o una ley serían mejor. Hay que ver cuál será la reacción de los militares, pero creo que no se va a avanzar mucho”, manifestó Delia Cortez, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia.



dju / dju
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