En los distintos procedimientos participaron 300 policías, quienes actuaron simultáneamente para evitar la huida de los sospechosos y la desaparición de documentación clave para la investigación que se inició hace más de un año.
Desde mayo de 2000, los investigadores secuestraron 70 camiones, pero recién en diciembre del último año surgieron las pistas que llevarían a dilucidar la forma en la que trabajaba la organización.
Según se informó, los delincuentes habrían montado un “sistema perfecto” que les permitía reingresar en forma legal vehículos al mercado automotor que eran sustraídos en Córdoba y demás provincias.
Los integrantes de la banda obtenían títulos y dominios, a través de un Registro Automotor de Jesús María, con lo que lograban “blanquear” los vehículos que se colocaban en plaza a precios que en su mayoría eran irrisorios.
Además, los delincuentes se veían favorecidos por la participación de un escribano de la localidad de Monte Cristo y de un policía del puesto de verificación de automotores de Villa Allende, quienes completaban el ciclo para “legalizar” esas actividades.
En ese sentido, el ministro de Gobierno de esa provincia, Oscar González, afirmó que en la banda están involucrados “la titular de un registro del automotor, un policía, un escribano y, obviamente, la comunidad gitana”, esto último, en referencia a que se procedió a la detención de nueve personas pertenecientes a ese pueblo.
Como consecuencia de estos procedimientos, fueron detenidas 12 personas, la titular del registro automotor número 2 de Jesús María, Estela Maris González, el escribano Marcelo Ibar Saccagnini (de Monte Cristo), el oficial de policía Luis Carlos Liendo (adscripto al puesto verificador de Villa Allende) y Sonia del Valle, Mercedes, Silvia y Rosa Traico; Susana Rabinovich, Isabel Servilla, José Luis Negri, Fabián y Carlos Milanovich.