El Tribunal Supremo admitió ayer la demanda interpuesta contra Garzón por un sindicato de ultraderecha que acusó al magistrado de prevaricato cuando se declaró competente para investigar la desaparición de miles de personas en esos casi 40 años cuando, según afirman, por ley no le correspondía hacerlo.
El sindicato Manos Limpias sostuvo que Garzón armó un “artilugio jurídico” para poder abrir aquella causa, “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la Ley de Amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos”.
“Esta sala, sin valorar ni prejuzgar lo sucedido, entiende que no se dan las condiciones para rechazar la admisión a trámite de esta querella”, ya que “lo afirmado en la querella no es algo que pueda considerarse ajeno al tipo penal de prevaricación, al menos como hipótesis que no se advierte sea ni absurda ni irracional”, afirmó el Tribunal Supremo.
En el marco de la causa abierta en abril de 2008, Garzón había autorizado exhumaciones en 19 fosas de toda la península ibérica, entre ellas, la del poeta Federico García Lorca. Así, había admitido denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo.
Lo actuado por Garzón generó una fuerte discusión en España. En noviembre pasado, el magistrado dio marcha atrás y se inhibió de la investigación a favor de los juzgados territoriales en los que están ubicadas las fosas donde pueden encontrarse los restos de personas desaparecidas.
Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, Garzón dijo que la ley “es igual para todos” y señaló que está “tranquilo” y que se defenderá “en su momento” de la acusación de Manos Limpias. El magistrado añadió que no tiene conciencia de haber cometido delito alguno al pedir los certificados de defunción de los responsables de la dictadura franquista.