En diálogo con DiarioJudicial.com, el diputado Bonasso, presidente de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, manifestó que la presentación de hoy se hizo con el objetivo de “preservar los recursos hídricos de la Argentina porque los glaciares y las zonas periglaciares constituyen más del 70 por ciento de las reservas de agua potable del país”.
El diputado consideró que los glaciares “son un bien federal” y advirtió respecto de la “inminencia” de la puesta en marcha de una mina a cielo abierto, explotada por la empresa anglo-canadiense Barrick Gold, en la zona de Pascua Lama (límite entre la provincia de San Juan y Chile). El diputado dijo que la mina podría “actuar sobre glaciares y zonas periglaciares generando daños ambientales irreparables por vía de distintos tóxicos como el cianuro y el arsénico”.
A fines de 2007, la ley de Glaciares, impulsada por la diputada con mandato cumplido Marta Maffei, obtuvo, por unanimidad, media sanción por parte de la Cámara de Diputados. En octubre del año pasado, la iniciativa fue sancionada, también por unanimidad por el Senado aunque días más tarde fue vetada por la primera mandataria con el argumento de que la normativa “debía consultarse con los gobernadores de las zonas cordilleranas”.
Tras el veto, el diputado insistió con la ley pero no contó con los tres cuartos de los votos necesarios para habilitar la discusión. La iniciativa del periodista tuvo 107 votos a favor en tanto el kirchnerismo logró 90 adhesiones y se registraron 7 abstenciones. Este año se convocó, el 30 de marzo pasado, a una audiencia pública en el Congreso, a la que asistieron científicos y el entonces Defensor de Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino para discutir sobre el tema. Esa audiencia sirvió como material probatorio para la presentación que este jueves se realizó.
“Acudimos a la Corte –enfatizó Bonasso- porque aquí se están poniendo los intereses particulares por encima de los nacionales; estamos pidiendo que se respeten los intereses del conjunto de los ciudadanos argentinos y no los del gobernador de la provincia de San Juan”. El legislador se refirió también a dos fallos del Máximo Tribunal a los que calificó de “ejemplares”: el que ordenó al gobierno de Chaco mejorar las condiciones de vida de los tobas y el que frenó la tala de bosques en el chaco salteño.
Por su parte, el legislador Aníbal Ibarra señaló que “cuando el poder político no preserva los derechos consagrados en la Constitución, tiene que ser el poder judicial el que lo limite, porque si no los ciudadanos quedan en una situación de desamparo”.
“Está bien que haya inversiones en la Argentina, el problema se da cuando esas inversiones destruyen el medio ambiente y reservas naturales”, indicó Ibarra y añadió: “Esperamos que la Corte pueda garantizar el derecho que les corresponde a las futuras generaciones. No nos queremos quedar cruzados de brazos, ni consentir esta situación”.
El presidente de Diálogo por el Ambiente, Emiliano Luaces, sostuvo que “una de las cosas más importantes que se presentaron en el amparo es el pedido de inconstitucionalidad del veto a la ley”. El abogado consideró que los fundamentos de la Presidenta para vetar la ley fueron “absurdos” y “ficticios”.
En tanto, Bonasso consideró que la objeción por parte de la Presidenta tiene que ver con la inversión de tres mil millones de dólares en el proyecto binacional minero Pascua Lama. “Tras una concesión de 25 años, arrojará una ganancia aproximada de 163 mil millones de dólares, una cifra similar a la deuda externa argentina aunque nos quedaremos sin agua ni andes”, precisó el legislador.
Por otro lado denunció que los hermanos Gioja (José Luis, gobernador de San Juan y César, senador por esa provincia) están “estrechamente vinculados a la actividad minera” e incluso manejan una empresa que es proveedora de la Barrick. El diputado también recordó la ley de bosques, que demoró 14 meses en ser reglamentada y recién fue promulgada cuando se produjo la tragedia de Tartagal, en febrero de este año.