Presentado en abril de este año por el Poder Ejecutivo Nacional, el proyecto plantea la necesidad de la creación de una Defensoría Pública de Menores e Incapaces, ya que sólo existe una Defensoría con competencia ante los Tribunales de Segunda Instancia en lo Civil, en lo Comercial y del Trabajo de la Capital Federal.
Según estadísticas de la Defensoría General de la Nación es notable el incremento de número de expedientes en los cuales debe intervenir la única Defensoría existente.
Para ilustrarlo cuantitativamente, entre julio del 2006 y octubre del 2007 “ingresaron a dicha Defensoría un total de 8170 expedientes con el objeto de contestar vistas y traslados relativos a cuestiones en ellos tramitados o de notificarse de los decidido al respecto en tales actuaciones”.
Entre los fundamentos de la propuesta se menciona que existe “una sobrecarga de tareas”, entre las que se señala “la diaria atención a numerosas audiencias y entrevistas con las partes y sus letrados, las que se llevan a cabo tanto en la Defensoría pública como en las distintas Salas de las Cámaras ante las cuales interviene”.
Otro tanto sucede con el registro de menores e incapaces, ya que las estadísticas, enumeran que entre el mismo período de tiempo antes citado, ingresaron 7.418 expedientes. A todo ellos la Defensoría debe, en forma regular, requerir las vistas y activar el procedimiento ya que no realiza “la mera anotación de datos y observaciones sobre los incapaces, tutores y curadores, ni se limita al simple registro”.
Con este dictamen favorable el proyecto ya puede ser tratado en el recinto. Aunque los tiempos para su tratamiento serán más laxos que de costumbre teniendo en cuenta que la Cámara en lo que va del año, sólo sesionó tres veces y hasta pasadas las elecciones legislativas la actividad se encuentra paralizada.