La Cámara Civil y Comercial de Posadas había rechazado el recurso de acción por daños y perjuicios que inicio el demandante por haber sido denunciado por el presidente del Instituto de Previsión Social (I.P.S.) penal, administrativa y públicamente por “la firma de 139 cheques librados y abonados en forma irregular por el I.PS.”.
La decisión fue tomada por Cristina Leiva, Ramona Velázquez, Mario Dei Castelli, Jorge Rojas, Roberto Uset, Humberto Schiavoni, Manuel Marquez Palacios, Miguel Peñero y Omar Muyal.
Entre los argumentos, el demandante profirió que “además de haber sido suspendido y trasladado en su trabajo, estuvo en prisión 21 días siendo sobreseído completamente luego de haberse probado mediante pericia caligráfica en el expediente penal que ninguno de los cheques librados y abonados por él I.P.S. habían sido firmados por él”.
La cámara Civil y Comercial de Posadas había consignado que quién realizó la denuncia “tenía la obligación legal de poner en conocimiento a la autoridad judicial competente para investigar y ordenar la detención en caso de considerarlo necesario”, por lo que la detención “no podría serle atribuida a esta”.
Finalmente, los ministros del Superior Tribunal consideraron que el quejoso pretende “un reexamen sobre la interpretación de normas y sobre la valoración de las pruebas”, mientras que sólo expresa una “mera discrepancia” con la opinión de los juzgadores.
Siguiendo con esta línea, “no logra demostrar en el decisorio impugnado error grave, palmario o vicio de razonamiento que contraríe las reglas de la lógica”. Esto porque “el escrito de interposición del recurso debe basarse a sí mismo, para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal” explicitan citando jurisprudencia al respecto.
De tal manera que el Superior Tribunal declaró inadmisible el recurso de inaplicabilidad de la ley y nulidad interpuesto por el demandante.