La medida de Vázquez, el mismo médico oncólogo, dejó sin efecto una multa aplicada por la Dirección General de Comercio (DGC), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a doce laboratorios uruguayos y cinco extranjeros. La resolución indicó que las droguerías debían pagar una multa por unos 700.000 dólares.
Según el diario El País de Montevideo, Vázquez siguió la recomendación de la Asesoría Letrada de la Presidencia, que evaluó la situación tras una presentación conjunta de las empresas sancionadas. El primer mandatario uruguayo tomó en cuenta que la resolución adoptada por la DGC en agosto de 2005 “carecía de validez” porque no fue firmada por el titular del organismo –que se había excusado de intervenir pues su hermano es director de uno de los laboratorios implicados- sino por un funcionario de menor rango.
La causa que terminó con la sanción a los 17 laboratorios –anulada por Vázquez- se dio tras una denuncia presentada por la droguería Marbury SA, que comenzó a operar en Uruguay en octubre de 2003, y promovió un mecanismo de rebajas de hasta el 45 por ciento en el precio al público de los medicamentos con receta.
El sistema, llamado Cyberfarma, resultó más beneficioso que su competidor Farmadescuento, utilizado por los 17 laboratorios y que ofrecía rebajas de hasta un 20 por ciento en los precios de lista.
Tras la aparición en el mercado de Cyberfarma, Farmadescuento obligó a las farmacias a elegir entre ese sistema y el de Marbury, que manejaba el 10 por ciento del total de medicamentos genéricos que se ofrecen en plaza.
Además, los 17 laboratorios acordaron no vender sus productos a la nueva droguería, que, al quedarse sin proveedores ni clientes, terminó sus operaciones en abril de 2004. Por ese comportamiento, la DGC determinó que las droguerías incurrieron en “abuso de posición dominante”, una figura prevista en la legislación sobre Defensa de la Competencia, incluidas al plexo normativo oriental en el año 2000.
La revocación de Vázquez será analizada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) uruguayo que deberá confirmar o anular la multa dispuesta por la DGC y ratificada por el entonces ministro de Economía y actual precandidato presidencial, Danilo Astori.
Aunque la decisión del TCA se conocería en unos meses, la fiscalía de lo Contencioso Administrativo ya se pronunció a favor de la legalidad de la sanción. Por otra parte, la empresa Marbury inició una demanda por unos ocho millones de dólares en la que reclama a los laboratorios de Farmadescuento una indemnización en concepto de daños y perjuicios y lucro cesante.
Además, un grupo de farmacias que denunció presiones de parte de los laboratorios, inició una demanda por dos millones de dólares. En ese caso, estaba fijada una audiencia de alegatos en julio, pero una solicitud presentada por los demandados para unificar los expedientes postergó la citación.