En ella, las organizaciones mencionan que de ser nombrado “se estaría designando en un cargo institucional de alta relevancia para la Justicia federal y para la provincia de Santiago del Estero a quien ha sostenido posiciones político criminales violatorias de los estándares internacionales de derechos humanos”. Sostuvieron que “rechazar este acuerdo es necesario para conformar un poder judicial democrático e independiente en la Provincia de Santiago del Estero”.
Por otro lado, objetaron el proceso de designación que llevó a esta solicitud al acuerdo. Según un análisis de los resultados, en los concursos para el cargo como fiscal federal “el candidato Simón obtuvo en el examen de oposición 30 puntos sobre 60, y en el examen oral 20 puntos de un total de 40. De los tres ternados, fue el que menor puntaje obtuvo por sus antecedentes (53 sobre 100). En total, obtuvo 103 puntos de 200 (alrededor de 5 sobre 10). Por otro lado, la candidata Indiana Garzón obtuvo 54 puntos (de 60) en el examen escrito y 38 (sobre 40) en el escrito (alrededor de 9 sobre 10). Sus calificaciones fueron claramente superiores”.
También se refirieron al proceso de designación del juez federal de Santiago del Estero, donde el dictamen al que arribó la comisión contaba con disidencias por las malas calificaciones que había obtenido Guillermo Molinari en el Consejo de la Magistratura. “A pesar de no parecer el mejor calificado para dicho puesto, el candidato fue designado juez federal de Santiago del Estero”.
Respecto al candidato Simon, remarcaron que cuentan con “fundadas sospechas respecto de la falta de compromiso del candidato con la vigencia de los derechos humanos y de su falta de independencia del poder político y los sectores dominantes provinciales”.
Ello, porque quién sea designado en dicho cargo se ocupará del impulso de las causas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura y otras referentes a la violación de derechos humanos en democracia.
“Tal como se le hizo saber al Poder Ejecutivo oportunamente, Simón, como diputado provincial, fue el impulsor de un proyecto de ley para restablecer los desalojos como medida cautelar en los juicios por usurpación, sin audiencia de la contraparte, y sin necesidad de procesamiento previo”. Normativa que resulta contraria a los estándares constitucionales e internacionales, lesionando derechos como “a la vivienda, al debido proceso y a la protección judicial, entre otros”.
Los firmantes de la impugnación, Luciana Sánchez, presidenta de COPADI y Gastón Chillier, Director Ejecutivo del CELS, señalaron además la responsabilidad que le cabe al Senado para poder conformar una justicia idónea en Santiago del Estero. “La conformación de la justicia federal en las provincias es un punto clave para garantizar la vigencia de los derechos humanos en todo el país” concluyeron.