Primero, con dictamen positivo por parte de la Comisión de Justicia pero con tratamiento pendiente en el recinto, se encuentra la iniciativa que busaca resolver los conflictos de competencia que se suscitan entre jueces y tribunales del país que no tienen un superior jerárquico común.
En él se establece que “cuando se susciten cuestiones de competencia entre jueces y tribunales del país que no tengan un órgano superior jerárquico común, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION decidirá cuál es el Tribunal encargado de resolver el conflicto de competencia, salvo que estime conveniente resolver directamente la cuestión planteada; decidirá asimismo sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de justicia”. Norma que no se aplicará cuando el conflicto se suscite entre jueces federales y nacionales de primera instancia donde deberá decidir la “Cámara de la que dependa el juez que primero hubiese conocido.”
También, las elecciones anteriores y las recientes, dejaron de saldo una problemática respecto a las inhabilitaciones para ser candidato a quienes estén implicados en delitos de lesa humanidad. Este proyecto ya cuenta con media sanción en diputados, pero no se logró la votación por artículo, por lo que aún no se giró al Senado.
Para lograr esta inhabilitación, el proyecto modificaría el Código Electoral nacional y el Código de Ética, la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública.
Otro tanto, sucede con el debate acerca de una Ley Penal Juvenil, que tuviera sólo dos sesiones de la Comisión de Legislación Penal como marco para su debate y la presencia de Eugenio Zaffaroni en una de aquellas reuniones. Ocasión en la que expresó la necesidad de un proceso penal para los menores de 14 años, pero teniendo en cuenta que con la baja en la imputabilidad se estarían violando pactos y convenios internacionales.
“Se puede aplicar la pena que se le daría a un adulto a un menor, pero esto sólo empeoraría las cosas. No se estaría resolviendo nada”, ya que sólo se estaría “criminalización de la pobreza”. “Si yo fuera un pibe menor de 16 años que vive en una villa, no me sentiría nada seguro, porque sin cometer ningún delito podría ser privado de la libertad. Muchas veces se trata al adolescente careciente como infractor. Se debe diferenciar al menor abandonado del adolescente que delinque” sentenció Zaffaroni.
Este debate se suma al que se está llevando desde el Ejecutivo para la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión, o como la tituló el ejecutivo, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ley que apunta a achicar la cantidad de licencias en manos de una misma empresa. Por lo que el total del espectro de radio y televisión se dividirá en tres: un 33 por ciento será comercializado por el sector privado (hoy tiene el 95 por ciento); otro 33 por ciento, por el Estado, y el resto por el sector privado no comercial, como gremios o cooperativas.
Todos estos proyectos están pendientes de ser tratados y de no hacerlo antes de fin de año, algunos sufrirían consecuencias. Por ejemplo la Ley de Servicios Audiovisuales o el de la Competencia de la Corte, que es un proyecto provenientes del Ejecutivo, luego de diciembre ya no contará con la mayoría con lo que resulta probable que aceleren su votación.