Zelaya está imputado por la Fiscalía de Honduras por 18 delitos, entre ellos, el de traición a la patria, violación a los deberes de los funcionarios y desobediencia, por lo que si volviera al país sería inmediatamente detenido.
Este domingo, el presidente depuesto intentó aterrizar en Tegucigalpa pero el gobierno de facto, presidido por Roberto Micheletti, ordenó militarizar el aeropuerto y prohibió así el retorno de Zelaya, que estaba acompañado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el primer mandatario ecuatoriano, Rafael Correa.
El anuncio de la Corte de hoy marca un cambio en la actitud de la Justicia de Honduras pues las Fuerzas Armadas utilizaron los argumentos de los tribunales para detener a Zelaya el 28 de junio pasado.
La Corte Suprema de Honduras, una de las principales promotoras del golpe junto a los empresarios y a la Iglesia, dio a conocer su nueva postura poco antes de la reunión entre Zelaya y la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, en Washington.
También hoy llegarán a la capital de Estados Unidos funcionarios enviados por el gobierno de Micheletti para iniciar un acercamiento con la Organización de Estados Americanos (OEA) que hasta ahora no pudo poner fin a la crisis política iniciada el domingo 28, cuando el Ejército capturó a Zelaya y lo trasladó a Costa Rica.
Según consignaron agencias de noticias internacionales, las autoridades estadounidenses dijeron que no recibirán a la delegación del régimen de facto hondureño porque “no lo reconocen”.
Esta mañana, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reafirmó su apoyo a Zelaya desde Moscú. Obama sostuvo que apoya al depuesto mandatario porque su país respeta “el principio universal de que los pueblos deben elegir sus propios líderes, coincidamos con ellos o no”.
Por otra parte, Interpol rechazó hoy un pedido de captura a Zelaya presentado por el gobierno de facto de Honduras. La negativa fue fundamentada por el artículo tres del estatuto de la Policía Internacional que tiene “rigurosamente prohibida toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial”.
El pedido de captura internacional acusó a Zelaya por la presunta comisión del delito de “abuso de autoridad, usurpación de funciones y traición”. Sin embargo, Interpol estableció que los cargos que “se le imputan al presidente Zelaya son de carácter político y no presentan ningún elemento de derecho común”.
Interpol manifestó que al no dejar aterrizar el pasado domingo a Zelaya en Tegucigalpa, “las autoridades nacionales se abstuvieron deliberadamente de practicar la detención en su propio territorio” y esa actitud demuestra que la intención del pedido de captura internacional es otra a la utilizada.