La Federación explicaba el porque de la necesidad de instaurar un día como este. “La persecución, desaparición y fallecimiento de abogados argentinos durante ese período oscuro de nuestro país, lamentablemente ocurrió en diversos puntos de nuestra tierra y tal es el sentimiento de reconocimiento que toda la abogacía argentina debe a aquellos que cayeron en tan arteras circunstancias” decía aquella declaración de marzo.
La fecha fue fijada en recuerdo a la denominada “Noche de las corbatas”, que ocurriera en Mar del Plata los días 6,7 y 8 de julio de 1977.
Durante los tres días de aquella “noche” se secuestró, desapareció y asesinó a un grupo integrado en su mayoría por abogados que presentaban habeas corpus por las desapariciones de colegas y por aspectos vinculados al derecho laboral. Entre ellos, fueron secuestrados Norberto Centeno, Salvador Arestín, Raúl Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda junto a su esposa, María de las Mercedes Argañaraz –embarazada de 4 meses-. Además, fueron aprehendidos José Verde y su esposa y Néstor García Mantica y su mujer, María Esther Vázquez de García. De todos los secuestrados, sólo sobrevivieron Verde, su esposa y los abogados Ricci y Bozzi.
Aquella declaración de la FACA también expresaba que “lo único reclamado por aquellos abogados era respetar el derecho de los que siendo más débiles suelen conocer poco de sus derechos y mucho de sus obligaciones. Aquellos colegas, nuestros colegas, eran simplemente abogados que sólo ejercían el poder de la convicción, de la fuerza moral, del derecho”.
El Frente Gremial y el Movimiento de Abogados realizaron este lunes una columna de opinión en un medio de comunicación en el que expresaron “no es casual que haya tantos abogados víctimas del terrorismo de Estado. Supo muy bien el represor que para lograr el control social, para lograr atemorizar o dejar inerme al pueblo, tenía que dejarlo sin abogados”, esto porque “el abogado es un blanco predilecto de quienes están en contra de las instituciones de la democracia”.
El acto central por el día del Abogado victima del Terrorismo de Estado se iba a realizar en Rosario este lunes. No obstante, y teniendo en cuenta el avance de la gripe A en nuestro país, la FACA y el Colegio de Abogados decidieron suspender el acto conmemorativo por razón de los riesgos que representa.
En ocasión de los 25 años de la restauración de la democracia, León Arslanian y Carlos Andreucci expresaron a este diario sendas opiniones del papel de la justicia durante la dictadura de Videla.
Arslanian puntualizó que “la justicia estuvo limitada porque no pudo preservar los Derechos Humanos y porque borró toda forma de constitucionalidad sobre los actos del Poder Ejecutivo, negando la existencia de las detenciones y desapariciones de personas”.
Por su parte, Andreucci recordó que en el ocaso del régimen militar se incrementaron los reclamos de “jueces independientes” y “juicio a los militares”. Recordó algunas de las “leyes injustas” de la dictadura, entre ellas la 21.274 sobre despidos masivos en los organismos del Estado que se implementó con objetivo manifiesto de concretar un “proceso depurativo de la Administración Pública”. “Fueron siete años de violación al derecho a la defensa”.
Cuentas Pendientes
El informe anual acerca de la situación de los situación de los Derechos Humanos en nuestro país realizado por el CELS explicita que “en 2008 se realizaron procesos significativos que culminaron en 30 condenas y dos absoluciones” aunque “la alarmante lentitud con la que se instruyen las causas muestra que, aun cuando se mantuviera el ritmo de sentencias del año pasado, los juicios no terminarían antes de 2024”.
“la deuda principal a veinticinco años de la recuperación de la democracia sigue siendo la conformación de una sociedad inclusiva, en la que la cara visible del Estado para los más desaventajados no sea su cara más violenta. No alcanza con las políticas de memoria y la persecución de los crímenes de lesa humanidad si no se trabaja sobre la ESMA del presente y sobre la reafirmación de los principios y garantías constitucionales” dijeron desde la organización.
Otro tanto menciona la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) al respecto, que en el marco del 134 periodo de sesiones de audiencias públicas el comisionado Florentín Meléndez, mencionó como “referentes importantes para América Latina” los “extraordinarios avances” para recuperar la memoria y garantizar la verdad y la justicia. Por su parte, la presidenta de la CIDH, Luz Mejía valoró “el compromiso asumido por el Gobierno argentino en recuperar la justicia” y recordó la visita que a mitad de este año realizará la CIDH con motivo de los cincuenta años de creación del organismo.
Según un estudio del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) un total de 1.254 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, están involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado. No obstante, poco más del 40% están procesados y apenas 48 fueron condenados. “En la actualidad, existen aproximadamente 204 causas en movimiento en todo el país. El número total de personas procesadas es de 526. De ellas, 385 permanecen detenidas con carácter preventivo. El resto de los procesados, un total de 141, se encuentran en libertad. En tanto, 32 imputados están siendo indagados actualmente”.