El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, aprobó el concurso abierto y público de antecedentes y oposición para cubrir el puesto de fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal y elevó al Poder Ejecutivo -por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos- la nómina de los candidatos ternados para cubrir esa vacante. Los tres postulantes elegidos son los abogados Javier Augusto De Luca, Julio César Castro y Mariano Hernán Borinsky (en ese orden). La decisión quedará en manos de la presidenta Cristina Fernández y del nuevo titular de la cartera de Justicia, Julio Alak.
Nuevo informe sobre los avances de la causa “Mendoza”
A un año de la orden Suprema en la causa “Mendoza” de implementar políticas públicas para el saneamiento del Riachuelo, el juez Federal de Quilmas, Luis Armella, encargado de la ejecución de la sentencia, elaboró un informe en donde se consignan los avances alcanzados al respecto. Entre ellos, figuran la organización de la Autoridad de Cuenca (ACUMAR), la creación de reglamentos para cumplir los objetivos pautados, la fijación de un cronograma para el saneamiento de basurales y la aprobación de megaproyectos para la construcción de redes cloacales, aireación, desagües y tratamiento de efluentes. Otro tanto se menciona con respecto a la obtención de créditos internacionales con el Banco Mundial y el BID, por u$s840 millones, con destino directo en la edificación y desarrollo de las obras conducentes al saneamiento de la cuenca. “En razón del fallo la causa, nos hallamos ante la responsabilidad de tomar una visión innovadora de justicia. Se ha puesto de resalto, la necesidad de “hacer el derecho” a través de esta ejecución” consigna el informe. TEXTO COMPLETO
Son 9 los beneficiados
La Sala I de la Cámara Federal porteña ordenó excarcelar a nueve detenidos por el ataque antisemita llevado a cabo durante un acto por el 61º aniversario del Estado de Israel, realizado en el pasado 17 de de mayo frente a la Jefatura de Gobierno porteño. Sin embargo, ratificó los procesamientos oportunamente dictados por el juez Claudio Bonadío. El fallo lleva la firma de Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, quienes consideraron que los delitos que ameritaron el procesamiento de los imputados no justifican la decisión de mantener a los acusados presos hasta el juicio oral. Los beneficiados con el fallo de la Cámara Federal son Andrea Benítez, Néstor Fabián Cruz, Darío Daniel Díaz, Leonardo del Grosso, Viviana Teresa Segovia, Daniel Ernesto Terzano, Ramona Beatriz Torres, Mario Vázquez y Damián Alejandro Vekelo.
Entre Ríos: designaron jueces transitorios
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos designó como jueces suplentes a cuatro nuevos magistrados. Se trata de Mariela Rojas de Di Pietro como vocal de la Sala Penal de la Cámara de Concepción del Uruguay; Miguel Angel Giorgio en la Sala II de la Cámara del Crimen Nº 1 de Paraná; y Carolina López Bernis como jueza correccional de Concordia. Todos ellos asumirá el próximo 1 de agosto. En tanto que desde el 1 de julio Eduardo Degano es juez de instrucción de Chajarí.
Infracción sí, delito no
La Cámara Federal sobreseyó a un ciudadano de nacionalidad coreana que estaba acusado de contratar a cuatro mujeres bolivianas, con una situación migratoria irregular, para trabajar en un taller textil. Los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah resolvieron sobreseer a Kim Min Soo, porque consideraron que no estaba configurado delito alguno. El acusado había sido procesado en primera instancia por el delito de “facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio argentino”. Para la Cámara, la imputación fue el resultado de “una equivocada interpretación de los elementos objetivos y subjetivos exigidos por la norma penal en danza, circunstancia que influyó negativamente en el análisis de tipicidad del comportamiento reprochado al imputado”. En ese sentido, explicaron que Min Soo pudo haber cometido una contravención o una infracción pero no un delito.
Juan Daniel Rauzzino imputado pero libre
El jefe de la Policía de Catamarca durante la última dictadura militar, Juan Daniel Rauzzino, fue imputado por el delito de “desaparición forzosa de personas” tras ser indagado ayer por el juez federal Ricardo Antonio Moreno durante tres horas. Aunque se le concedió la libertad bajo caución real de 50 mil pesos, seguirá vinculado a las causas iniciadas por los familiares de desaparecidos por su presunta participación en la comisión de delitos de lesa humanidad. Al ex policía se le imputaron los secuestros y desapariciones de los hermanos Griselda del Huerto y Francisco Ponce, del sobrino de ambos Julio Burgos y de Nelly Yolanda Borda. En el caso de Francisco Ponce, el ex policía acreditó ayer que cuando se produjo el secuestro, el 6 de abril de 1976, no era jefe de Policía (asumió un mes después). La Justicia federal únicamente involucró a Rauzzino en la desaparición de Borda, una estudiante universitaria catamarqueña que vivía en Tucumán, quien fue secuestrada el 27 de enero de 1977 a la madrugada en el departamento de Belén, a unos 300 kilómetros de la capital provincial. Según la justicia, “ese día existió una liberación de zona por parte de la Policía, lo que permitió que la joven estudiante catamarqueña sea secuestrada por un grupo militar de tareas”.