En la acordada, los jueces recordaron la opinión del Fiscal General, Alejandro Ricardo Ficoseco, para quien “es propicio destacar la conveniencia de la intervención del Fiscal de Sala, lo que permitiría un más acabado control de legalidad por parte del Ministerio Público Fiscal”.
Es que –según explicó Ficoseco- “en la actualidad es el propio agente fiscal que intervino en la instrucción el que debe emitir opinión en relación a la procedencia del recurso, circunstancia que podría teñir el criterio del citado funcionario, de alguna manera comprometido con la investigación”.
Los jueces del TSJ Sergio Ricardo González, Héctor Eduardo Tizón, José Manuel del Campo, María Silvia Bernal y Sergio Marcelo Jenefes, recordaron que según jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, respecto a que “fue precisamente la percepción de la relación que existe entre la garantía de imparcialidad y la separación de las funciones investigativas y acusadoras en el proceso penal, la que condujo a la implementación de la figura del fiscal”.
Siguiendo esa jurisprudencia fijada por la Corte, “aún cuando la actividad de persecución penal durante la investigación preparatoria esté distribuida entre el fiscal y el juez de instrucción, ello no significa que el juez esté, respecto del fiscal, en una situación sustancialmente diferente al momento de valorar el mérito de la investigación”.
Además, el Tribunal jujeño advirtió sobre el “gran incremento” de causas judiciales iniciadas y en trámite. Al respecto, recordaron que entre el año 2003 y 2007, y primer semestre de 2008, hubo un incremento de expedientes en los juzgados de instrucción penal de la ciudad capital, en un 14,8 por ciento, así como en San Pedro de Jujuy en un 27,6 por ciento del mismo período.
“En base a los fundamentos expuestos, y a los fines de garantizar la relación que existe entre la garantía de imparcialidad, y la separación de las funciones investigativas y acusadoras en el proceso penal, se solicita la creación del cargo de Fiscal de Cámara, para la Sala de Apelaciones en lo Penal”, señalaron en la acordada.
Así, además de remitir nuevamente el proyecto a la Legislatura local, hicieron llegar copia del mismo al Poder Ejecutivo para que tome cuenta de la situación.