El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes, Eduardo Farizano, falleció el domingo a la madrugada a causa de una aneurisma cerebral tras descompensarse el sábado a la noche durante una cena familiar. Farizano tenía 60 años, fue designado juez del STJ en 2003 y era su presidente de manera ininterrumpida desde 2004. Sus restos fueron velados este domingo en Goya, su ciudad natal. El Máximo Tribunal decretó feriado en los tribunales para este lunes y martes y el Gobierno dispuso tres días de duelo. El STJ y la Fiscalía General recordaron a Farizano a través de un acuerdo extraordinario en el que lo calificaron como “un hombre que quebró su cerebro en la obra sin descanso, en beneficio de la independencia del Poder Judicial y la vigencia de los principios éticos que nunca debieron abandonarnos”. Farizano será reemplazado en la presidente del STJ por Carlos Rubín, en tanto el presiente de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Capital, Carlos Benítez, asumiría como subrogante en el Máximo Tribunal, según confiaron fuentes judiciales a Diariojudicial.com.
Fijaron la fecha para juicio oral en la causa Primer Cuerpo del Ejército
El Tribunal Oral Federal Nº2 de la Capital Federal estableció el 20 de octubre próximo como fecha de inició para el juicio oral en la causa en la que se investigan delitos cometidos en el ámbito del centro clandestino de detención que funcionó sucesivamente en los lugares denominados “Club Atlético”, “El Banco” y “Olimpo”. En el juicio prestarán declaración testimonial más de cuatrocientos testigos. Se incluyeron dos causas “Miara, Samuel y otros s/ infracción artículos 144 bis inc. 1° 6 y último párrafo ley 14.616 en función del art. 142 inc. 1° ley 20.642 del C.P.; 144 bis, último párrafo en función del art. 142 inc. 5° del C.P., en concurso real con inf. arts. 144 ter, primer párrafo ley 14.616 del C.P.”, y “Tepedino, Carlos Alberto Roque y otros s/ inf. art. 80, inc. 2°, 144 bis inc. 1° y 142 inc. 5° del C.P”. En ambas, se imputan a los acusados por privación ilegitima de la libertad e imposición de tormentos de ciento ochenta personas. Entre los genocidas acusados se encuentran Samuel Miara, Raúl González, Eufemio Jorge Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Roberto Antonio Rosa, Juan Carlos Falcón, Luis Juan Donocik, Oscar Augusto Isidoro Rolón, Julio Héctor Simón, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Juan Carlos Avena, Raúl Antonio Guglielminetti, Ricardo Taddei, Enrique José Del Pino, Carlos Alberto Roque Tepedino, Mario Alberto Gómez Arenas, Enrique José Del Pino y Juan Carlos Avena.
Aceptaron un recurso pedido por la DAIA
La Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal concedió un recurso de casación pedido por la DAIA, Patricia Strauchler y Alejandro Broitman (en calidad de querellantes), contra la decisión que dispuso el sobreseimiento de presuntos integrantes de la agrupación FAR (Frente de Acción Revolucionaria) por integrar una “organización destinada a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. Algunos miembros de FAR son investigados por su presunta participación, en marzo último, en hechos de violencia durante un acto por la conmemoración del 61° aniversario de la creación del Estado de Israel. En julio, los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, confirmaron el procesamiento de algunos de los integrantes de FAR por el delito de alentar o incitar al odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas pero, al mismo tiempo, dispusieron el sobreseimiento por los delitos de formar parte de una organización cuyo objeto es el de imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, así como por los delitos de tenencia ilegítima de armas de guerra y tenencia de documento nacional de identidad auténtico ajeno. Esa decisión fue recurrida por los querellantes y ahora la causa recaerá en la Cámara de Casación Penal. FALLO COMPLETO
La Unidad de Contención de Aprehendidos debe quedar inhabilitada
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba confirmó una resolución de la Cámara de Acusación que fijó al Poder Ejecutivo provincial el plazo de un año para que el edificio de la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), que funcionan en la ex Cárcel de Encausados, quede "definitivamente inhabilitado para ser utilizado como lugar de alojamiento, detención o contención de personas privadas policial o judicialmente de su libertad". La decisión había sido emitida en marzo último pero el Gobierno provincial cuestionó la medida alegando que el tiempo establecido por la Cámara resultaba "desproporcionado y de imposible cumplimiento total y efectivo desde el punto de vista técnico, constructivo y financiero".Sin embargo, el Tribunal Superior hizo suya una afirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que señaló que las dolorosas comprobaciones vinculadas a la vulneración de la libertad ambulatoria "no encuentran justificativo en las dificultades presupuestarias".
Presuntos estafadores
Dos personas que se dedicaban a realizar ayudas espirituales fueron detenidas en la localidad mendocina de San Rafael, tras una orden del juez de faltas Jorge Yapar. Los detenidos están acusados de infringir el Código de Faltas al aprovecharse de la credulidad de las personas y estafarlas. Se trata de integrantes del grupo denominado “Los chamanes” quienes fueron detenidos durante el allanamiento realizado por la Policía en la vivienda de la calle Alberti al 700. Allí también se secuestraron estampitas y velas.