El Gobierno anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para suprimir del Código Penal los delitos de calumnias e injurias. Lo anunció la presidenta en el marco de un acto oficial de homenaje a la CIDH por los 30 años de su visita a la Argentina y lo transmitió por cadena nacional. El anuncio se hizo acompañado de otras propuestas que también estarían camino al Congreso. Tal una iniciativa con modificaciones en materia de bancos genéticos de datos "para asegurar la total transparencia en su manejo"; Otra propuesta para reformar el código procesal de manera que permitirá que organizaciones defensoras de derechos humanos actúen como querellantes en las causas contra represores y finalmente la intención de suprimir "la figura de calumnias e injurias en materia de libertad de expresión". El planteo se da en el marco del debate por la ley de medios. La mandataria aseguró que en su gestión la libertad de expresión estuvo más garantizada que en ninguna otra. En esa línea desafió "a cualquier archivo, a cualquier memoria, a cualquier prueba, que no ha habido mayor libertad para hablar de las autoridades de un país" que en la actualidad.
Procuradores, fiscales y defensores eligieron autoridades
En el marco de la XXII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos de la República Argentina, realizadas recientemente, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales eligieron nuevas autoridades. Los electos para componer la nueva comisión directiva, fueron la procuradora General de Río Negro, Liliana Piccinini, como presidenta; el fiscal General del Superior Tribunal de Justicia (TSJ) de Jujuy, Alejandro Ficoseco, como vicepresidente 1º, y el procurador del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, Fernando Oscar Estrada, como Vicepresidente 2º. La institución está integrada por los representantes del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa Pupilar y Tutelar, así como de la Justicia Federal. En la reunión, se abordó, entre otros temas, el avance de la puesta en marcha de los Laboratorios Regionales de Investigación Forense.
Buscan elaborar un mapa de género
Con ese objetivo y a cargo de la ministra Carmen Argibay, la Oficina de la Mujer creada por la Acordada 13/09, lanzó la primera investigación acerca de la distribución ocupacional por sexo en el Poder Judicial. Se trata de un proyecto sin precedentes en la historia judicial argentina que permitiría identificar prácticas y procesos que pudieran conducir a la desigualdad a fin de erradicarlos. Para llevar adelante la iniciativa se designaron referentes de los Superiores Tribunales de Justicia de las provincias así como de las Cámaras Nacionales y Federales del país lo que hacen a un total de más de 50 camaristas, juezas/ces y secretarias/os. Los datos obtenidos serán publicados en los sitios web de la Corte.
Juran jueces puntanos
El próximo 17 de septiembre y tras ser designados por decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia – con previo acuerdo del Senado- jurarán como jueces, Guillermo Alfredo Gatica, Aníbal Atilio Astudillo y María Silvia Del Castillo de Insua. Los magistrados conformarán el tribunal de la de Apelaciones en lo Penal, Correccional y Contravencional Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial - Villa Mercedes -. El acto se llevará a cabo en la sala de acuerdos del Superior Tribunal de Justicia de San Luis ante el presidente del Tribunal, Omar Esteban Uría.
El STJ de Corrientes rechazó amparo para extraer arena del río Paraná
El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó un amparo presentado por un empresario para obtener la concesión de extracción de arena del lecho del río Paraná. La acción fue rechazada porque el solicitante no posee piletas de almacenamiento en Corrientes y pretende depositarla en la localidad de Barranqueras, Chaco, donde el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) no tiene jurisdicción. Los jueces del Máximo Tribunal confirmaron el fallo de primera instancia al rechazar el amparo como la vía idónea para hacer el reclamo. “Sabido es que la Acción de Amparo procede para la tutela inmediata de un derecho constitucional violado en forma manifiesta, más no es admisible cuando el vicio que compromete garantías constitucionales no resulta con evidencia”, fallaron los jueces.