En la primera de las más de diez audiencias previstas por la Corte Internacional de La Haya por el conflicto que surgió a partir de la instalación de Botnia, la representante de la Argentina dijo que la papelera causará un daño “irreparable” en el río Uruguay y en todo su ecosistema. “No solamente implica un riesgo de contaminación, sino que sabemos que es contaminante”, aseguró Susana Ruiz Cerutti, jefa de la misión argentina, en la apertura de las audiencias públicas. La abogada denunció que la planta “ya causó serios perjuicios” para su salud, para los animales y para la calidad del medioambiente a la población de Gualeguaychú. La delegación nacional afirmó que la planta constituye una “violación flagrante por parte de Uruguay de las obligaciones del estatuto del río Uruguay”, suscripto por ambos países en 1975. De acuerdo con ese estatuto, Uruguay tendría que haber consultado al Gobierno argentino antes de conceder el permiso para la construcción de la planta de celulosa en las costas del río compartido y acusó al país vecino de haber otorgado esa autorización de manera “unilateral”. Las audiencias continuaran hasta el 2 de octubre. Se espera una sentencia del tribunal en seis meses.
Varias ONGs se oponen a la candidata para el SJT porteño
Un grupo de Organizaciones No Gubernamentales impugnó la candidatura de Daniela Ugolini como jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la ciudad al considerar que no “cumple con los requisitos de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y compromiso con los derechos humanos” para ocupar el cargo. Las entidades objetaron resoluciones de la actual fiscal ante la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad y de la ex Procuradora General, propuesta por el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para el STJ. Las entidades objetaron que resoluciones de Ugolini “resultan proclives a evitar el control judicial de los actos de la administración y representativas de una concepción muy débil y restrictiva de la función judicial en la protección de los derechos humanos, especialmente respecto de los sectores más vulnerables”. La presentación fue realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Colectivo para la Diversidad (COPADI), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Centro de Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE). Se suman pues a las declaraciones de la Asociación de Abogados de Buenos Aires que también rechazó la postulación de Ugolini por motivos similares.
Reunión en el Ministerio de Salud
El Comité Asesor sobre Prevención y Persecución del narcotráfico, que reúne a jueces, fiscales y psicólogos, se reunirá este martes en la Casa Rosada con el ministro de Salud, Juan Manzur, para hacerle entrega de un proyecto que le sugiere a la cartera un nuevo rol frente la lucha contra la adicción de estupefacientes. El encuentro se generó tras el fallo de la Corte Suprema que despenalizó la tenencia para consumo personal en el ámbito privado. En la reunión, los integrantes del Comité instarán al ministro Manzur a avanzar respecto la prevención y tratamiento de alcohol y el paco, así como también en controlar la obligación que tienen las obras sociales de cubrir tratamientos a sus afiliados. El Comité Científico está integrado, entre otros, por los jueces Horacio Cattani y Martín Vázquez Acuña.
Conferencia sobre Ley de Medios Audiovisuales
La Maestría en Magistratura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires debatirá sobre la Ley de Medios. La conferencia se llevará a cabo el jueves 17 de septiembre, a partir de las 18.30, en el Salón Rojo de la Facultad. El tema está siendo debatido en el Congreso Nacional y tiene fuertes implicancias políticas, económicas y, n materia de libertad de expresión. La Conferencia estará a cargo prestigiosos especialistas: Gregorio Badeni, Henoch Aguiar y Gustavo López. Coordina Adrián Ventura, subdirector de la Maestría en Magistratura y periodista del diario La Nación.
Zanola recusó a Oyarbide
La presidenta Cristina Fernández ordenó la intervención de la obra social del sindicato de los bancarios tras un pedido del juez federal Norberto Oyarbide, en relación a una causa por medicamentos truchos y adulterados. Lo anunciaron el jefe jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Salud, Juan Manzur, en el marco de una conferencia de prensa que se llevó a cabo Casa de Gobierno. Fernández explicó que el oficio de Oyarbide es "más que contundente". Remarcó que el oficio del juez hace referencia específica al laboratorio San Javier y que en muchos de los casos entregó a los pacientes medicamentos en el subsuelo de la propia obra social bancaria. También explicó que la de los bancarios es, por ahora, la única obra social implicada en la maniobra. En tanto el fiscal federal Luis Comparatore solicitó al juez Norberto Oyarbide que reciba declaración indagatoria a Néstor Lorenzo y que libre oficio a los diversos organismos para que informen los bienes que posee "ante la eventual posibilidad de una insolvencia fraudulenta". El fiscal también quiere que el juez pida informes a la Unidad de Información Financiera sobre "aquellas operaciones reportadas relativas a adquisiciones de bienes" de Lorenzo. A su vez el secretario general del gremio Juan José Zanola recusó a Oyarbide, acusándolo de prejuzgamiento a raíz de declaraciones públicas del magistrado. El juez había dicho que Zanola está muy comprometido en la causa que investiga por adulteración, falsificación y tráfico ilegal de medicamentos y anticipó que lo convocará a prestar declaración indagatoria.
Tercer juicio por lesa humanidad en Misiones
Este lunes comenzó el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Misiones. El Tribunal Oral Federal de Posadas debe juzgar a dos ex coroneles, Carlos Humberto Caggiano Tedesco y Juan Antonio Beltrametti, por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. El primero de ellos ya fue juzgado en 2008 por delitos de lesa humanidad, aunque en este caso está imputado por privación ilegítima de la libertad agravada (43 hechos), privación ilegítima de la libertad (2 hechos), tormentos seguidos de muerte (3 hechos) y privación ilegal de la libertad, torturas (2 hechos) y robo (1 hecho) agravados, todos en concurso real. Mientras que a Beltrametti se le imputan los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada (39 hechos), privación ilegítima de la libertad (un hecho) y tormentos seguidos de muerte (2 hechos). Las audiencias se llevarán a cabo hasta el próximo 14 de octubre.