Entre los cambios que se realizaron, los más palpables son los que responden a las críticas que se venían adelantando desde distintos sectores de la oposición. Primero se modificó el término asignado al espectro radioeléctrico definiéndolo como “bien público”.
Lo importante llegó con la conformación de la autoridad de aplicación, una de las principales críticas. Tras la reforma quedó establecido como un “organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional”. Eliminando así la dependencia de la Secretaria de Medios de Comunicación de la jefatura de gabinete de ministros. Además el organismo deberá responder a los requerimientos del Consejo de radiodifusión así como de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Auditoría General de la Nación (AGN).
A su vez se modificó su composición aumentando a 7 sus miembros. Tres serán designados por el Poder Ejecutivo entre los que estará el presidente y director, luego los propuestos por la comisión bicameral, correspondiendo uno a la primer minoría, uno a la segunda minoría y uno a la tercer minoría parlamentaria y finalmente dos directores serán a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual debiendo uno de ellos ser un académico representante de las carreras de ciencias de la información, de la comunicación o periodismo de las universidades nacionales. Estos “no podrán tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las condiciones de la ley 25.188” y su cargo durará cuatro años, con la posibilidad de reelección por un solo período. Estos últimos serán elegidos a mitad del mandato presidencial.
Con respecto a este y otros puntos, el diputado Claudio Lozano, habló con Diariojudicial.com mientras el debate se encontraba en cuarto intermedio. Expresó su satisfacción con respecto a que “se define en la ley el tema de la radiodifusión como bien público”. Además dijo que la autoridad de aplicación “debería ser más democrática y federal, aun así, está modificada respecto de su variante original en mejor medida” y agregó que “sigue teniendo cierta primacía del Ejecutivo pero agrega elementos importantes y tenemos el tema que no va a coincidir la autoridad de aplicación con el período gubernamental”. “Lo que tenemos es mejor que lo que recibimos” dijo y anticipó, de alguna manera, el final de la jornada, “tenemos una predisposición favorable que no teníamos”.
En el debate un punto que generó tensión fue lo concerniente al otorgamiento de licencias. Además de la prohibición a las telefónicas quedó redactado de la siguiente manera: “Las licencias para servicios de radiodifusión abierta cuya área primaria de servicios supere los 50 kilómetros, y que se encuentren localizadas en poblaciones de más de 500 mil habitantes serán adjudicadas por el Poder Ejecutivo Nacional” expresa el texto fuertemente criticado. Según expresó la diputada Marcela Rodríguez “si vamos a hablas de medios públicos, estos no pueden estar en la órbita del ejecutivo”. En igual tono se expresó Miguel Bonasso haciendo referencia a los 21 puntos por una radiodifusión democrática, “los medios estatales deben ser públicos y no gubernamentales” dijo.
También se reescribió el ex articulo 40 –ahora 47- en donde se aclara la revisión del espectro “La autoridad de aplicación deberá proponer al Congreso de la Nación en forma bianual, con el objeto de optimizar el uso del espectro radioeléctrico o la aplicación de nuevas tecnologías, la adecuación de las reglas sobre multiplicidad de licencias y no concurrencia” consigna.
En cuanto a los contenidos, el artículo 65 indica que los servicios de radiodifusión televisiva abierta “deberán emitir un mínimo del treinta por ciento (antes 20%) de producción local independiente cuando se trate de estaciones localizadas en ciudades con más de 1.500.000 habitantes” y “cuando se encuentren localizados en poblaciones de mas de 600.000 habitantes, deberán emitir un mínimo del 15% de producción local independiente y un mínimo del 10% en otras localizaciones”.
Algunas voces del debate
Al cierre de esta edición en el recinto de la Cámara de Diputados se encontraba en pleno desarrollo la sesión especial para tratar el proyecto de ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación. Mucho de lo que se dirá allí, fue expresado este martes durante la reunión de comisión.
Juan Carlos Morán habló de “la trampa de la reforma” ya que la autoridad de aplicación “pasa a ser un órgano con sentido kirchnerista”. En cambio, Silvana Giudici, luego de dejar atrás los reclamos reglamentarios, expresó que “llegamos hasta aquí sin debate” y la tan mencionada autoridad “ya no depende del Albistur sino del inefable Aníbal Fernández”.
Por otra parte, Cecilia Merchán, centró su discurso en que “este proyecto tiene 26 años de discusión” aludiendo a que “hace cinco años se formó la coalición por una radiodifusión democrática”. Por lo que “discrecionalidad o no del Poder Ejecutivo”, plantearla como ley mordaza “tiende a confundir” y allí expresó como ejemplo el hecho de que los medios nunca se hicieron eco de las actividades que se realizaban en torno a la discusión de una ley de radiodifusión “jamás vi dos renglones sobre esas actividades” dijo.
Adriana Puiggrós, por su parte planteo el debate en términos educacionales “hay más medios que escuelas” y agregó que “no vamos a hacer ninguna reforma educacional si no democratizamos los medios”.
Se estima que este miércoles, la Cámara de Diputados dará media sanción a la ley pues cuenta con el apoyo de varios sectores de la izquierda luego de las modificaciones planteadas.