La jueza de la Corte, Carmen Argibay, reavivó en el Congreso el debate sobre la penalización o no del aborto. Propone flexibilizar la ley que castiga tanto a a quienes practiquen o se realizan abortos. La jueza Argibay, fiel a su estilo, tiró la piedra sin esconder la mano. Impulsa un aggiornamiento en la legistlación para permitir que la mujer pueda decidir libremente sobre el destino de un embarazo. En el Congreso ya hay proyectos de leyes tendientes a despenalizar el aborto, pero hasta ahora no hubo voluntad política de darle trámite. "Reconozcamos que el aborto es algo que existe", dijo la magistrada en el marco de de un seminario sobre derechos reproductivos, organizado en el Senado de la Nación por la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir Córdoba. Durante el simposio, titulado "Avances y asignaturas pendientes en derechos sexuales y derechos reproductivos", Argibay remarcó: "Un niño debe ser una bendición, no una carga. Y eso es lo que pasa cuando una mujer no puede decidir si sigue o no el embarazo. Se le impone una carga, un castigo". También se pronunció a favor de modificar el Código Penal para clarificar el alcance del artículo 86 en relación con la no punibilidad del aborto en los casos de embarazos producto de una violación. La ministra sostuvo además que se debe garantizar la educación sexual en todas las escuelas y sancionar al que no cumpla con su dictado, en obvia referencia al arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, a cargo de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal. “La primera necesidad es la educación para poder tomar una decisión con conocimiento”, opinó y en segundo lugar, se debe garantizar el acceso a los anticonceptivos.
Un fallo convalida el actuar policial
Lo resolvió la Sala II de la Cámara Federal de San Martín en el marco de una causa que planteaba la nulidad de una requisa urgente realizada por la Policía bonaerense, durante un allanamiento en una villa de emergencia. El hecho ocurrió el 2 de junio cuando realizando un allanamiento en la Villa de Emergencia 18, personal de la Policía bonaerense observaron a una persona que en actitud sospechosa se dio a la fuga. Tras ser capturado le fueron secuestradas sus pertenencias. El detenido cuestionó la legitimidad del procedimiento policial pero el planteo fue rechazado en primera instancia y confirmado por la Cámara. Los jueces aseguraron que se trataba de un supuesto previsto en el artículo 294, inciso 5°, del Código Procesal Penal bonaerense, que contempla como atribuciones de la Policía la de disponer requisas urgentes con inmediato aviso al juez competente y al Ministerio Público Fiscal. FALLO COMPLETO
Buscan la nulidad del juicio
El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz convocó a una audiencia pública a las partes que intervinieron en el juicio Oral al ex funcionario kirchnerista Daniel Varizat a quien la Justicia condenó por encontrarlo culpable de atropellar a una veintena de manifestantes con su camioneta 4 x 4. La audiencia prevista para el próximo 29 de septiembre, busca escuchar y analizar los pedidos de nulidad e inconstitucionalidad presentados por la parte querellante antes del juicio oral realizado en diciembre pasado. Los abogados querellantes pretenden la nulidad del juicio pues si bien pudieron participar del proceso sólo lo hicieron como adherentes al fiscal pero no pudieron formular acusación. El ex funcionario Kirchnerista fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por embestir con su camioneta, el 17 de agosto de 2007, a manifestantes.
Dos veces desaparecido, en dictadura y en democracia
Desde el 18 de septiembre del 2006, Jorge Julio López, uno de los principales testigos en el juicio que condenó al genocida Miguel Etchecolatz está desaparecido. Caratulada como “López, Jorge Julio, sobre desaparición forzada de personas”, la causa se encuentra paralizada y varios organismos de derechos humanos agrupados en “Justicia Ya” presentaron este viernes ante la Corte Suprema un recurso por retardo y denegación de Justicia. Luego de la excusación del juez Arnaldo Corazza a comienzos de año, se decidió que el caso vuelva a recaer en la Fiscalía cuyo titular es Sergio Franco.
Recusaron al Ministerio Público
El juicio que iba a comenzar el próximo lunes contra el dirigente piquetero Luis D´Elía, acusado de liderar una marcha por calles de la Capital Federal, fue suspendido luego que la defensa recusara a todo el Ministerio Público. La medida fue dispuesta por la jueza en lo Penal y Contravencional porteña Cristina Lara, quien ya notificó a las partes sobre la suspensión, aunque por el momento no se fijó una nueva fecha de comienzo del juicio. El abogado de D´Elía, Adrián Albor, recusó a los fiscales al considerar que Germán Garavano, el titular de la fiscalía general, fue designado por el Jefe de Gobierno, y por ello está en juego la imparcialidad. D´Elía está acusado de obstruir la vía pública y afectar el funcionamiento de los servicios públicos, en una marcha que encabezó el pasado 8 de mayo, previa a las elecciones legislativas. La acusación se enmarca en el artículo 78 del Código Contravencional porteño, que contempla una sanción de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 1.000 pesos, a quien obstruya la vía pública e impida la circulación vehicular. También por infringir el artículo 69 del Código, que establece que "quien afecta intencionalmente el funcionamiento de los servicios públicos de alumbrado, limpieza, gas, electricidad, agua, teléfono, transporte, correo o transmisión de datos, es sancionado con 1.000 a 5.000 pesos de multa o arresto de dos a diez días".
Cumplieron 20 años de funcionamiento
Las Defensorías Zonales de Santa Fe y Rosario cumplieron esta semana 20 años de funcionamiento y la Corte Suprema de Justicia de la Provincia organizó una conferencia de la que participaron la defensora general de la nación, Stella Maris Martínez, el defensor públicos de menores e incapaces Atilio Álvarez, el procurador general de la Provincia, Agustín Bassó, y el presidente del Máximo Tribunal, Roberto Falistocco. Las defensorías zonales fueron creadas para descentralizar la asistencia y patrocinio de los sectores de menores recursos y facilitar su acceso a la justicia.