Los magistrados Roberto Gallardo, Elena Liberatori y Guillermo Scheibler suspendieron el proceso porque consideraron que en el caso no se cumple con el 1620/03 por el cual se deben dar a publicidad los antecedentes de los candidatos a jueces para que la ciudadanía pueda presentar impugnaciones o adhesiones a los postulantes.
“Es relevante dejar en claro que un acceso minorado, con vericuetos y por momentos confuso no reúne el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales vigentes afectando no sólo el procedimiento llevado a cabo por el Ejecutivo sino también la calidad del derecho de participación”, sostuvo Liberatori en uno de los fallos a los que accedió Diariojudicial.com.
La jueza comprobó “las deficiencias intrínsecas y extrínsecas de la información oficial brindada acerca de la candidata que se postula al máximo tribunal” y recordó que el Gobierno, por su Constitución y las leyes de la ciudad, debe “asegurar a los ciudadanos el acceso a la información transparente, adecuada, veraz, oportuna y completa”.
El decreto tiene como objetivo “la correcta valoración de su idoneidad técnico-jurídica y moral, su independencia de criterio y su compromiso con los valores democráticos, así como con los derechos humanos” y establece que se debe dar a conocer una serie de informaciones sobre el candidato como su curriculum, las empresas que integró en los últimos ocho años y su declaración jurada.
El juez Gallardo (ver fallo completo) hizo un pormenorizado análisis de la información que faltaba sobre Ugolini y en base a ello sostuvo que “no cumpliría, prima facie, los requisitos exigidos por la ley N’ 104, ni parecería suficiente a la luz de los principios y recaudos previstos en el Decreto N’ 1620/03”.
El magistrado sostuvo que no tiene firma la declaración jurada del esposo de Ugolini, no figuran en la declaración de la jueza los nombres de las empresas que asesoró jurídicamente entre 1974 y 2008, como tampoco hay información sobre la compañía inmobiliaria MAUMAR S.A. de la que tiene el 50 por ciento de sus inversiones. “Ello, en la medida en que no son infrecuentes litigios relaciones con cuestiones urbanísticas en las que la persona propuesta podría llegar a invertir”.
En el mismo sentido, Gallardo señaló que Ugolini “ha efectuado préstamos de dinero a sociedades comerciales o personas físicas” pero sin que conste la información respecto a si “la candidata tuviera autorización del Consejo de la Magistratura para ejercer este tipo de actividad”.
El juez también sostuvo que entre sus antecedentes no hay información sobre su compromiso en materia de derechos humanos. “Nada de ello ha sido aportado en los antecedentes de la persona propuesta. Tampoco se han individualizado específicamente dictámenes u otros elementos de su trabajo profesional que puedan ser compulsados en alguna otra base de datos pública y permitan valorar su compromiso con los valores democráticas y el resto de los derechos humanos”, criticó.
“Que la integración del máximo Tribunal loca, pudiera estar sospechada, observada o cuestionada, con andamiaje suficiente y que aún así continuara su devenir sin revisión resultaría francamente pernicioso para la salud cívica de la ciudad”, completó Gallardo.
Los magistrados suspendieron el proceso hasta tanto “se proporcione información completa, veraz y adecuada” respecto a los antecedentes que el decreto obliga a dar a conocer.
Ugolini fue propuesta por Macri como jueza del Máximo Tribunal porteño en reemplazo de su presidente, Julio Maier, que dejará el cargo para jubilarse. El pliego de la fiscal ya está en la Legislatura para su tratamiento.
Por eso dato, fuentes de la Procuración General de la ciudad sostuvieron que los fallos son abstractos ya que el proceso concluyó y ahora la decisión de cómo continua el debate de la designación está en manos del Poder Legislativo.