El abogado constitucionalista y ex subsecretario de Justicia durante la gobernación de Julio Cobos en Mendoza, Gustavo Castiñeira de Dios, dijo a Diariojudicial.com estar “totalmente” en desacuerdo con la medida, y la tildó de “antijurídica”.
Según el ex funcionario, “en su momento (durante la gestión de Cobos) se planteó esta medida por algún sector de la legislatura y nosotros la rechazamos”. “No se condice con nuestro ordenamiento jurídico nacional e internacional, luego de la reforma de 1994, y hasta se asemeja a los tormentos de la época de la inquisición”
Además de alertar sobre su ineficacia, el constitucionalista consideró que para determinar su vialidad se debería consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “que es el órgano que controla”. “Que realicen la consulta a la CIDH a ver si es factible realizar este tipo de medidas, para que seguir discutiendo”, añadió.
Por su parte, el senador provincial de la UCR, aliado al cobismo Sergio Bruni recordó que este tipo de medidas son competencia del Congreso, y que “las provincias sólo pueden establecer los procedimientos para aplicarlas”. En ese sentido, criticó a Jaque: “desde el mínimo conocimiento jurídico un Gobernador de provincia no puede hacer una propuesta de este tipo porque es disparatada”.
Además, el senador pronosticó que en caso que “no hubieran todas estas barreras constitucionales y legales, y que una provincia lo pudiera hacer. Está probado por especialistas en el tema, criminólogos y psiquiátras, que al violador que se lo castra no pierde absolutamente el deseo sexual con el cual no está garantizado que no vuelva a delinquir”. “Disminuyéndole la libido, esa agresividad se sublima en otro tipo de agresividades, podemos dejar de tener un violador y tendríamos un asesino”, explicó.
Por lo pronto, Bruni aseguró que el próximo martes en el Senado provincial pedirá tratar un proyecto de resolución sobre tablas, solicitando que Jaque se abstenga de sus dichos.
El diputado provincial del PJ disidente Cassia, al ser consultado por DJU si bien dijo “no estar en contra” del proyecto, sí reconoció que es “inviable” jurídicamente.
“No corresponde al la provincia, el debate se tendría que dar en el Congreso Nacional”, dijo. Cassia aseguró que en Mendoza hay otras prioridades, de las cuales sí es competente el Gobierno provincial, como el seguimiento de los presos al dejar las cárceles, algo que –según dijo- “no funciona”.
El reconocido abogado y promotor de varias causas por violación a los derechos humanos en la provincia, Pablo Salinas, calificó de “poco seria” la propuesta del Ejecutivo, y señaló que para ponerla en práctica se debería “modificar la Constitución a través de una convención constituyente, y retirarse del pacto de san José de Costa Rica” al que suscribió nuestro país.
“Sería ir contra los propios actos del Estado argentino ante los tratados internacionales de derechos humanos, y esto se puede asimilar a cuando se reclama la pena de muerte”, entendió. Salinas replicó que “Argentina no puede permitirse implantar la tortura para reprimir el delito, no pasan por violar las garantías constitucionales para ello”.
Mientras tanto, la idea que anunció el Gobernador sigue dando que hablar, y promete ser un debate más profundo a la hora de presentarse el proyecto, si es que se hace.