“El control de la ciudadanía es fundamental en los casos de corrupción, básicamente porque lo que se investiga en estas causas es la violación a una obligación pública como es el buen ejercicio del cargo de funcionario público”, sostuvo la entidad en el amicus curiae que presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Nº 3 y al que accedió Diariojudicial.com.
El TOF tendrá a cargo el juicio por IBM – Banco Nación que comenzará el próximo 25 de noviembre. Se trata de uno de los hechos de corrupción más escandalosos en donde se investiga el pago de 21 millones de dólares en coimas para otorgarle una licitación directa a la empresa internacional para la informatización de 525 sucursales bancarias.
Ante un hecho de estas características, el CIPCE sostuvo que a través de la televisación “toda la sociedad podrá enterarse de cómo se llevaron a cabo las maniobras ilícitas, quiénes las realizaron, cuánto dinero le robaron al Estado, y asimismo para controlar el desempeño de los fiscales y los jueces en la causa”.
La entidad afirmó que la sala de audiencias en donde se realizará el debate no cuenta con la capacidad para que ingresen todas las personas interesadas en seguir el proceso, “razón por la cual la inmediatez con lo que sucede en el juicio puede ser garantizada mediante la transmisión televisiva del mismo”.
EL CIPCE le recordó al tribunal la vigencia de la acordada 29/2008 de la Corte Suprema de Justicia sobre la publicidad de los juicios orales.
“Que es preciso garantizar el derecho a la información en los casos judiciales de trascendencia pública que generan gran interés en la ciudadanía. En este sentido, como las salas de los tribunales sólo pueden albergar a un limitado número de personas, su transmisión por los medios audiovisuales evitaría la exclusión de aquellos que no pueden ingresar al recinto”, citó la ONG al Máximo Tribunal.
“La efectiva publicidad de estos juicios, que se encuentra garantizada con el debate oral y público, es fundamental para restablecer esa afectación clara a las instituciones del Estado, la sociedad civil como víctima debe presenciar la misma”, concluyó el CIPCE.