Se trata de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), que según explican en su denuncia las organizaciones ha incurrido en “irregularidades e ilegalidades” que causan “graves violaciones a derechos fundamentales de personas que habitan en la Ciudad de Buenos Aires”.
El organismo en cuestión fue creado a través del decreto 1230/08, y dependía originariamente del Ministerio de Espacio Público de la ciudad. No obstante en marzo de este año pasó a estar bajo la órbita de la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público (decreto 145/09).
La resolución que dio origen a la UCEP “se vale de términos vagos para describir las funciones de la UCEP y para habilitar métodos de actuación, tales como ‘colaborar operativamente’, ‘mantener el espacio público libre de usurpadores’ o llevar adelante la ‘persuasión’” explica el informe. Por lo que da vía libre para intervenir contra “‘vendedores ilegales’ y ‘usurpadores’; identificando así a personas que aún no han sido encontradas responsables de una contravención o delito por un órgano judicial”.
El documento, fue elaborado a partir de las denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo, los reclamos que se han efectuado desde la sociedad civil, y las respuestas brindadas por las autoridades del Gobierno de la Ciudad ante los pedidos de informes cursados por la Defensoría y la Legislatura porteña.
De a cuerdo a ello, el informe consigna como es el accionar de la UCEP. Entre otras modalidades, el organismo actúa en horas de la noche, sustrayendo las pertenencias de las personas que se encuentran en situación de calle y desplazándolas de sus lugares de reposo; trabajan en grupos numerosos de más de diez personas, sin identificación, que “amenazan coaccionan y, en algunos casos, lesionan a las víctimas” y no poseen decisiones administrativas ni judiciales que “justifiquen la necesidad de liberar los espacios públicos donde pernoctan las personas que resultan víctimas de estos procedimientos”.
“La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en nuestro país prohíben el ejercicio del poder represivo del Estado de manera clandestina, sin justificación ni autorización legal y sin debido proceso previo, como lo hace el Gobierno de la Ciudad a través de la UCEP contra las personas que viven en situación de calle” sentencian las instituciones.
Es por ello que solicitaron la disolución de la UCEP; la promoción de las investigaciones de los hechos denunciados ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y, de corresponder, las sanciones tanto administrativas como penales hacia los integrantes de la UCEP y los responsables de ella.